Frente común en favor del puerto de Cádiz

La nueva normativa que ajusta, entre otras cosas, las tarifas portuarias y busca tanto la rentabilidad como la competitividad de los muelles españoles frente a las ofertas europeas ha entrado en vigor con mal pie en Cádiz. La implantación de la naviera canarias Armas en el puerto de Huelva ha significado un golpe bajo para los intereses que el puerto gaditano tiene con el archipiélago. De hecho el 22% de la actividad que se desarrolla en el muelle de Cádiz está vinculada al comercio con Canarias.

La decisión de Armas obedece puramente a una estrategia empresarial de ahorro de costes en la explotación de sus servicios. El puerto de Huelva ha ofrecido unas tarifas de atraque más baratas que Cádiz. La reacción en la provincia no se ha hecho esperar y empresarios, sindicatos y políticos han formado un frente común en favor del puerto contra lo que consideran «una competencia desleal» por parte de Huelva.

A simple vista puede parecer lógico, pero ha sido la nueva norma la que ha introducido directamente estos cambios. A juicio de los responsables del tráfico de mercancías, la nueva norma es discriminatoria ya que prima a los puertos más rentables y ricos frente a los menos boyantes y pobres.

El que ha sido durante 14 años presidente de la Asociación de Empresas Marítimas (Apemar) y presidente de Gadesport, Juan Bernal, insiste en que «la norma discrimina a Cádiz». La ley establece un coeficiente mínimo de aplicación para los mulles en función de su actividad. Es decir, a más actividad, caso de Huelva, su Autoridad Portuaria podrá reducir sus tarifas, mientras que, a menos actividad, caso de Cádiz, habrá que subir el arancel para ser rentable.

La naviera Armas ha jugado sus cartas y ha encontrado en Huelva lo que Cádiz no le podía ofrecer: un descuento de casi el 40% en su tarifa de atraque. Esta actuación ha sido calificada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Cádiz, Rafael Barra, como «competencia desleal», aunque se trata de actuaciones legales, ya que están amparadas por ley.

Juan Bernal señala que la ley se ha concebido para buscar la rentabilidad de los puertos nacionales a final de año, «pero entra en una competencia muy agresiva entre aquellos puertos con mucha actividad y los que tienen menos desarrollo».

Esta situación no es nueva. La ley regulaba antes el sistema tarifario, pero era más flexible y ningún puerto se atrevía a mover sus aranceles. La situación cambia cuando la normativa obliga a ser rentables. Entonces prima el negocio y los intereses propios por encima de la lealtad.

Terminal de contenedores

Juan Bernal reconoce que esta situación acabará cuando Cádiz inaugure la nueva terminal de contenedores, que permitirá un incremento del tráfico de mercancías y, por tanto, unas tarifas más acordes con los puertos que ahora tienen mayor actividad. Pero esta actuación no será posible hasta 2015, fecha en la que se prevé la apertura de la primera fase de la terminal de contenedores.

La polémica suscitada en Cádiz con el puerto de Huelva ha tenido eco también en el plano político. El diputado del PP y ponente de la nueva ley, Andrés Ayala, negó ayer que la norma favorezca la competencia desleal entre los puertos españoles, al contrario, «es una competencia leal, ya que cada Autoridad Portuaria puede ahora establecer sus propias estrategias y sus tarifas». Ayala justifica que cada puerto tenga sus propios aranceles en función de la actividad económica que desarrollan. Por su parte, el presidente de la Diputación de Cádiz, el socialista Francisco González Cabaña, comentó ayer que la norma nació para convertir a los puertos españoles en una plataforma logística competitiva frente al resto de Europa, «pero nunca para estimular una competencia entre puertos vecinos». Cabaña ha mostrado su respaldo a Rafael Barra y confía en que la Junta y Puertos del Estado normalicen la situación.

En la misma línea se pronunció ayer la Federación de Transportes de UGT que acusó a la Autoridad Portuaria de Huelva de «meter el dedo en el ojo ajeno y sacar tajada» con la implantación en sus muelles de un enlace con Canarias a través de la naviera Armas. El sindicato ha denunciado la «pasividad política» ante esta situación y lamenta que el diputado gaditano Salvador de la Encina (PSOE) se limite solo a decir que «la ley no permite la competencia entre puertos».