Roca sigue el guion: culpa a Gil

La hora de Juan Antonio Roca llegó ayer en el juicio por el 'caso Malaya'. El presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística declaró sobre su participación en la operación 'Crucero Banús', el pelotazo urbanístico que se saldó con seis millones de euros de beneficio en menos de un año. Roca no se salió del guion. Por un lado, el ex asesor urbanístico desplazó al fallecido Jesús Gil la responsabilidad de las condiciones fijadas en el convenio y, por otro, intentó convencer al tribunal de que el negocio se fraguó fuera nuestras fronteras, concretamente en Suiza, con dinero opaco para las autoridades españolas, por lo que no hubo blanqueo de capitales ni fraude fiscal, delitos de los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción.

Roca admitió desde el primer momento haber participado en el negocio de 'Crucero Banús', junto con Pedro Román, Juan Germán Hoffmann y Florencio San Agapito. Relató que para ello entregró a Pedro Romás, cuatro cheques bancarios de moneda extranjera y 50.000 euros en metálico, que sumaron en total 742.000 euros, es decir 123 millones de las antiguas pesetas, correspondientes a su participación del 15% en el negocio.

El ex asesor urbanístico dijo al fiscal que no tiene ninguna documentación de esta operación, de la que en principio obtuvo un recibo por la suma entregada, que luego destruyó tras firmar el contrato de fiducia y oficilizarse la sociedad Lispag AG, constituida en Suiza para comprar la mercantil Yambali, propietaria del solar.

Sobre cómo se gestó su participación en el negocio, Roca declaró que Román estaba buscando un inversor para comprar los terrenos y que él no le hizo ninguna propuesta sobre el convenio, que fue el alcalde Jesús Gil, quien estableció «las condiciones siempre» y que la oficina de planeamiento que él dirigía se limitaba a elevar las propuestas.

«En este caso yo tenía las instrucciones de Gil de modificar los parámetros del convenio que se había fijado con anterioridad con el primer propietario. Según Roca las condiciones urbanísticas pactadas en el nuevo acuerdo «duplicaron las cesiones al Ayuntamiento de los excesos de aprovechamiento» del convenio de 1996 y agregó que «no se cambió la edificabilidad permitida».

De esta manera, según explicó ayer al tribunal Roca en el primer convenio los aprovechamientos para el Consistorio se fijaban en 60 millones de pesetas mientras que en el segundo «Jesús Gil me dijo que lo cuadrara en 240 millones». Roca dijo que su única intervención en este convenio consistió en poner «un mayor aprovechamiento al Ayuntamiento, un 22% para cuadrarlo porque no iba a decirle a tasador que me modificara el precio al alza».

Negó el asesor urbanístico haber tenido algo que ver en la concesión de la licencia para construir la parcela, que más tarde fue impugnada por la Junta al no ajustarse al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella.