«Han tardado ocho años, pero al final se ha hecho justicia»

Los afectados por el accidente pirotécnico que tuvo lugar en la clausura de la Feria de San Antonio de 2002 están moderadamente satisfechos por que, más de ocho años después de aquel incidente, un juez les haya dado la razón.

LA VOZ hizo pública ayer la sentencia condenatoria a los responsables políticos municipales de la época, Antonio Delli Paolli (edil de Protección Civil) y Teresa Varo (de Fiestas). Ambos han sido considerados culpables por 19 delitos de lesiones por imprudencia grave, en concurso ideal con otros cuatro delitos similares, y deberán enfrentarse a 15 meses y un día de prisión, que no cumplirán sin embargo al no contar con antecedentes penales.

El fallo de la magistrada del juzgado número 3 de lo Penal de Cádiz deja al descubierto que el accidente se debió a una falta absoluta de medidas de seguridad, como por ejemplo la ausencia de un plan de emergencias. Durante la jornada de ayer, los heridos en aquel fatídico domingo de junio fueron recibiendo la noticia. La mayoría de ellos aún se muestran cautos, pero la sensación general es de alivio.

Ocho puntos de recuerdo

Estefanía Moreno, una de las afectadas junto a su novio y su padre por la explosión de los cohetes, confesaba al cierre de esta edición no conocer en profundidad el texto de la sentencia. La joven relata que la forense que emitió el informe de secuelas del accidente de su pareja «solo tuvo en cuenta 20 días de baja, cuando estuvo 216 días en total con incapacidad temporal acreditada por la Seguridad Social», lamenta.

Tanto Estefanía como otros de los afectados por el incidente de los fuegos artificiales de Chiclana pedían justicia. Ahora recibirán una indemnización económica que oscila entre los 130 y los 28.000 euros, en función de sus lesiones.

Todos se muestran convencidos, eso sí, de que el Ayuntamiento no actuó de manera conveniente en la preparación de un espectáculo que debía poner el broche de oro a la fiesta pero que acabó en tragedia. «Hemos ganado el juicio ocho años después. Ha habido que esperar todo este tiempo pero al final se hace justicia», aseguran.

El camino hasta aquí no ha sido fácil. Hay quien ha tenido que lidiar con embargos bancarios por facturas desorbitadas de rehabilitación médica. También quien desde entonces no ha podido volver a tener una vida normal. Ahora los afectados quieren pasar página, pero será difícil. «Los estruendos de los cohetes no los olvidaremos ni siquiera con dinero», insisten.