Desmantelan un sindicato que expidió miles de diplomas falsos de formación

En la capital del paro, un sindicato tapadera llevaba años ofertando cursos de dudosa validez. Expedía a un ritmo fabril diplomas acreditativos que luego puntuaban en procesos de selección, no solo para empresas privadas, sino también para acceder a un puesto en las administraciones públicas. La Guardia Civil, que ha puesto patas arribas el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz (SIT-Cádiz), también ha colocado la etiqueta de falso a «decenas de miles» de certificados que ya fueron emitidos o cuyos propietarios esperan aún recibirlos. Unos alumnos que pagaban por una formación que nunca recibían, según la investigación del Instituto Armado que ya instruye el juzgado nº 4 de la capital.

La 'operación Catis' no sólo ha abocado al cierre la única oficina del SIT en la provincia, situada en el nº1 de la calle Brasil, sino también, y de forma indirecta, pone en entredicho el sistema de acreditación de este tipo de formación, ya que los certificados que ahora se están estudiando fueron validados por una empresa pública de Canarias (la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales) y por otra sociedad de Mérida (Preving Consultores).

Este nuevo escándalo en los cursos de formación comenzó a fraguarse en noviembre del año pasado. Por esas fechas llegaba a la Comandancia de Cádiz una carta anónima de un alumno que había pagado por un curso oficial 80 euros y aunque tenía que hacer más de 100 horas, le entregaron, previo pago, el certificado que acreditaba su realización. Este denunciante reconocía que había pagado por su título. En todos los casos investigados por los agentes, el alumno recibía un manual, un cuestionario y a los pocos días tenía ya su diploma.

La fase final del 'caso Catis' se producía hace unas semanas. La Guardia Civil irrumpía en la sede del sindicato y requisaba todo el material informático donde los agentes esperan obtener un dato esencial como es el número exacto de certificados que se han emitido; además de detener a diez personas e imputar a otras dos. El comandante jefe de Policía Judicial, Luis Martín, aseguraba ayer que la estafa se calcula «por decenas de miles» de títulos. Sólo entre los años 2007 y 2009, el SIT ingresó 1.460.533 euros. A la cabeza de este sindicato estaba su secretario general, Eladio Patricio G. S., el único de los diez detenidos que fue enviado a prisión por los delitos de estafa y falsedad documental.

Expulsados de CCOO

Este individuo llegó a la Secretaría en 2001, según aparece en el convenio de colaboración que firmó con la escuela canaria. Sin embargo, la organización que dirigía, pese a su nombre, tenía un actividad sindical cero. No tenía representación en comités ni delegados afiliados, tampoco promovía elecciones ni ejercía ningún trabajo que quedara reflejado en actas o documentos oficiales. El secretario general de CCOO-Cádiz, Manuel Ruiz, lo aseguraba en estos términos a este periódico e incluso haciendo memoria recordaba que «algún expulsado de Comisiones» acabó en esa formación que se constituyó en 1997. «Nos alegra que la Guardia Civil haya acabado con esta trama mafiosa, pero no creo que tenga excesiva repercusión, en cuanto a los procesos de selección de personal, porque estos cursos tienen una puntuación menor con respecto a otros méritos como la experiencia o la titulación reglada».

Una prueba más de que el SIT estaba bastante alejado de los deberes de una formación de estas características es que en la jornada de la Huelga General, a la que se sumaron todas las organizaciones sindicales de este país, en su oficina se «trabajaba a todo gas» expidiendo certificados, indicaban ayer desde la Benemérita.

En cuanto al daño indirecto que puede provocar en la imagen del movimiento sindical, Ruiz no ve la relación causa-efecto: «No la hay porque eso no era un sindicato; era otra cosa». Como otras fuentes consultadas por este periódico, al secretario general de CCOO no le cogía de sorpresa la operación policial. A él también le olía mal esa historia que parecía ser un secreto a voces.

A la 'operación Catis' tampoco le falta el ingrediente político, aunque desde la Comandancia se subrayaba «que detrás no hay ningún partido», decía el comandante Martín. Las dos personas imputadas fueron directoras generales de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales, dependiente de la Consejería de Sanidad insular durante el periodo de Gobierno entre el PP y Coalición Canaria. Inmaculada Costa y María Rosa de Haro, habituales en las listas del PP, están imputadas por su supuesta connivencia en la trama. Ambas recibieron ayer el apoyo de su partido. En el caso de Costa, respondió a las preguntas de la Cadena Ser y aseguró «no saber nada» de lo que hacía el SIT en Cádiz.

Esta vinculación política fue suficiente para que ayer se pidieran las primeras explicaciones desde las filas socialistas andaluzas que ya ven en el 'caso Catis' un posible filón para atacar a su principal oponente en las próximas elecciones. Fue el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, quien exhortó a Javier Arenas a que aclare si había algún tipo de connivencia. «El PP-A tiene que explicar qué sabe de esta red; qué relación mantiene con estos dirigentes del PP canario y si estamos ante un hecho puntual o una situación conocida, consentida por parte de los populares andaluces».