El Gobierno se enroca en la no condena a Marruecos ante la crítica de la oposición

Trinidad Jiménez simbolizó ayer en el Congreso la imagen de la soledad del Gobierno ante la crisis desatada por el violento asalto marroquí al campamento del Sáhara. En este tema no hay socios parlamentarios que valgan. El PNV y Coalición Canaria (CC) fueron aún más duros que muchos otros grupos de la oposición, que de forma unánime exigió a la ministra de Asuntos Exteriores una condena explícita a Marruecos por los muertos y heridos en el asalto y por la represión posterior en la ex colonia española. El Ejecutivo se enrocó en su negativa y Jiménez, que reconoció el desgarro con el que los socialistas viven la polémica, sólo contó con el «cariño» y «apoyo cerrado» de la portavoz de su grupo parlamentario.

La ministra adelantó que España, «como el resto de los países del mundo», no emitirá condena o valoración alguna por lo ocurrido el 8 de noviembre en El Aaiún hasta que exista «un informe final, claro y con datos fehacientes», que sea validado por la comunidad internacional. No mencionó quien elaborará el documento, aunque en un momento apunto a la ONG vinculada a la ONU 'Human Rights Watch', que al parecer ya ha comenzado a trabajar sobre el terreno. Jiménez, en lo que sonó como una rectificación a las palabras pronunciadas en Seúl por José Luis Rodríguez Zapatero, contestó a la oposición que al Gobierno «le ofende» que alguien piense que España, en su medida relación con Marruecos, «antepone sus intereses al respeto de los derechos humanos». Se trata, añadió, de simple «prudencia y responsabilidad» y -«no de mercadeo»- por la existencia de versiones diametralmente opuestas sobre lo ocurrido.