Ricardi: «Ya era horita, me voy a comprar una casa y haré un viaje»

El Consejo de Estado ha aprobado la indemnización de los 555.000 euros con la que el Gobierno central compensará al portuense Rafael Ricardi, por los 13 años que pasó en la cárcel, condenado por una violación de la que finalmente se demostró su inocencia. La decisión fue recibida, como cabía esperar, con una «alegría muy grande» por parte de Rafael Ricardi, a pesar de que sus abogados habían solicitado que la compensación justa debía ser de 10 millones de euros. Ricardi, sin embargo, aceptó la oferta planteada por el Gobierno, en lugar de recurrirla y pelear por los millones en los tribunales, ya que se encuentra en una situación económica muy precaria desde que salió de la prisión en 2008 en libertad provisional. La indemnización, por tanto, ha tardado más de dos años desde que se descubrió que el ADN de Rafael no se correspondía con los rastros de semen recogidos en la violación de El Puerto que se le imputó. No fue hasta el verano de 2009 cuando fue declarado inocente por el Tribunal Supremo.

«Ya era horita», afirmaba ayer el portuense en una entrevista a Efe donde reconocía que se conforma porque no tienen «otra cosa», pues sobrevive con una ayuda y alguna chapuza ocasional que le da «lo suficiente para comer». Los abogados del portuense, Antonia Alba y Domingo Valderrama -vinculados a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía-, han considerado la indemnización de «desfachatez», pero Ricardi recuerda que, el daño ocasionado no se puede pagar «por mucho dinero que me hubieran dado»: «Tengo pesadillas de noche; poco a poco voy tirando», explicaba ayer Ricardi, que no obstante dice estar «muy contento» porque con el dinero se comprará «una casita» y pagará un viaje con su novia a Palma de Mallorca «para que visite a sus padres». Tras el dictamen del Consejo de Estado, el Ministerio de Economía debe aprobar ahora una crédito extraordinario para pagar al portuense cuanto antes. Si no lo hace antes de noviembre, los abogados podrían emprender un recurso contencioso-administrativo.

La revisión del llamado 'caso Ricardi' también reabrió la investigación judicial sobre la oleada de violaciones de los 90 a la que se vinculó al portuense. La instrucción de este caso, en manos del juez Nº 3 de El Puerto culminó hace dos semanas con el procesamiento de dos jerezanos cuyo ADN sí parecen coincidir con los rastros hallados.