El juez prohíbe el homenaje en Barcelona a una etarra
El magistrado de la Audiencia Nacional alega que el acto supondría una «exaltación» a ETA y humillaría a las víctimas
MADRID. Actualizado: GuardarLa Audiencia Nacional prohibió ayer el homenaje a una colaboradora de ETA que será excarcelada hoy y que tenía previsto celebrarse en Barcelona. El juez Pablo Ruz justificó que de celebrarse el acto supondría una exaltación del «currículo delictivo» de Laura Riera y una humillación a las víctimas del terrorismo. Ordenó, por tanto, a las fuerzas de seguridad que actúen para hacer efectiva la prohibición y evitar que se cometan hechos delictivos.
El acto de bienvenida tenía previsto celebrarse hoy a las 19.00 horas en la plaza el Raspall, en el barrio barcelonés de Grácia, con la asistencia de la propia Riera, quien será excarcelada a primera hora de la mañana de la prisión Wad-Ras de Barcelona tras cumplir una condena de nueve años por colaborar con el 'comando Barcelona' de la banda armada.
Los organizadores, una plataforma juvenil vinculada al sindicato CGT, tenían previsto recibir a la colaboradora de ETA como «presa política» durante las fiestas alternativas de Grácia, que se celebran en paralelo a las fiestas «oficiales» del popular barrio barcelonés. También se pretendía recordar a las etarras Dolores López y Marina Bernardó, que cumplen condena en Francia por su pertenencia y colaboración, respectivamente, al 'comando Barcelona', responsable de la muerte, entre otros, del ex ministro socialista Ernest Lluch.
Publicidad
El juez Ruz vetó el homenaje a instancias de la Fiscalía y de la asociación Dignidad y Justicia, que el pasado lunes presentó una querella ante su juzgado en la que pedía la prohibición del acto. El magistrado, de guardia esta semana, alegó que el homenaje a las etarras están «dirigidos al ensalzamiento, reconocimiento público o, sin más, al enaltecimiento del terrorismo (.) con justificaciones de las graves actividades delictivas que en su día llevaron a cabo (estas personas) como colaboradores o integrantes de ETA».
Argumentó, además, que la finalidad del acto queda plasmada en el anonimato de los convocantes para eludir posibles responsabilidades judiciales que pudieran derivarse del homenaje a Riera, condenada por utilizar su cargo en el Ayuntamiento de Terrasa para dar información al 'comando Barcelona' sobre cargos públicos, entre otros el concejal del PP en el Ayuntamiento de Viladecavals (Barcelona) Francisco Cano, asesinado en diciembre de 2000 con un coche-bomba.
El juez señaló que dos asociaciones que pudieran estar detrás de las convocatoria, el colectivo de apoyo a presos políticos catalanes (Rescat) y Solidaridad Antirrepresiva de Terrasa (SAT), vienen prestando un «fuerte apoyo» a personas encausadas en lo que denominan «luchas y movimiento de rechazo al poder establecido», entre lo que se incluye «individuos de origen catalán que han sido condenados por pertenencia o colaboración con ETA.
La Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña anunció que «hará cumplir» la orden judicial y desplegará a los Mossos d'Esquadra para evitar que celebre el acto. CiU vio «lógica» la decisión de la Audiencia Nacional y las asociaciones de víctimas mostraron su satisfacción por la decisión del juez.
