Los turistas que accedan a Gibraltar tendrán que pagar una tasa «no superior a cinco euros»

El Ayuntamiento, siguiendo el ejemplo de otras ciudades europeas, ha decidido establecer una tasa de descongestión, que tendrán que pagar gran parte de los vehículos que acceden a Gibraltar. En principio se hará una distinción entre residentes, que no tendrán que pagar, y visitantes, que deberán abonar una cantidad.

Los conductores de los turismos pagarán una cifra «no superior a cinco euros» por entrar en el Peñón. Por su parte, en el caso de los camiones que transporten piedras, gravas, ladrillos o material de escombros para los rellenos de las aguas que rodean el Peñón el precio será mucho más alto.

Actualmente todos estos aspectos se están definiendo en un informe técnico, que estará finalizado en breve. También se contempla establecer una tasa para los autobuses con turistas.

El dispositivo de cobro se ubicará en suelo municipal, a escasos metros de la frontera con Gibraltar, es decir, al entrar. Para un cobro más eficiente, el dispositivo será tecnificado.

Además, esta medida supone reconducir el tráfico de acceso a la ciudad. La previsión es que los residentes utilicen un tramo de la carretera de la avenida España, mientras que los visitantes tendrán que pasar por el centro urbano.

Este tema es de gran complejidad y se irán ampliando datos en los próximos días. Esta medida, de gran alcance y repercusiones tanto políticas como sociales, está generando gran debate, con opiniones tanto a favor como en contra. El Ayuntamiento parece decidido a llevarla hasta sus últimas consecuencias, argumentando que ha llegado la hora de que La Línea «sea autosuficiente y tenga medios propios para su desarrollo futuro».

El alcalde, Alejandro Sánchez, compareció ayer por la tarde en rueda de prensa, arropado por gran parte de su equipo de gobierno. Previamente, tuvo lugar una reunión matinal para terminar de perfilar este asunto. El primer edil enarbola el discurso del 'linensismo', afirmando que «ya ha llegado la hora de que La Línea deje de sufrir una serie de consecuencias negativas de las políticas de Estado y pueda pensar en su desarrollo y su futuro».

«Esto no es un suburbio»

Esta convocatoria es continuación de la ofrecida a finales del mes de julio, cuando Sánchez afirmó tajante que «La Línea no puede ser un suburbio de Mónaco», en alusión a las diferencias socioeconómicas entre ambas poblaciones.

Sánchez afirmó que estas acciones persiguen un objetivo claro. «Buscamos la fórmula para que La Línea sea independiente y autosuficiente». Tras la reciente reunión que mantuvo con el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, «ni siquiera nos dan una respuesta a nuestras demandas», así que el equipo de gobierno del PP cree que ha llegado la hora de que La Línea se plante.

La demanda al Gobierno era recibir «los 30 millones de euros que dejamos de ingresar tras la congelación de la Carta Económica Especial». En 2003 se congeló esta ayuda, que reconocía la necesidad estatal de un apoyo al municipio, debido a su situación geográfica y a su idiosincrasia histórica.

La Línea «no tiene industria como Gibraltar y otras poblaciones cercanas, así que tenemos que seguir adelante y buscar recursos que nos permitan ser una ciudad viable». Para ello se ha buscado una vía de «gravar un hecho real, como es el paso continuo de millones de vehículos por el término municipal, que genera estrés urbano».

La primera autoridad local insistió durante su intervención en que se han tenido todos los aspectos en cuenta y que el establecimiento de una tasa de descongestión está amparado en «el marco legal nacional y comunitario».

El proceso que se va a seguir a partir de ahora es el siguiente. El alcalde dictará en estos días una providencia para la reordenación del tráfico, una medida que comenzará a aplicarse en breve. Después se celebrará una comisión informativa para debatir el tema, que se incluirá en el orden del día de un próximo pleno.

La mayoría del equipo de gobierno del PP, que cuenta con 15 concejales frente a los diez de la oposición, garantiza que la medida saldrá adelante, en previsión del voto en contra de otros partidos. A partir de ahí se abrirá un periodo de alegaciones, con un plazo máximo de 60 días, en el que «culminaremos el proceso administrativo».