El Gobierno reforma la Ley Concursal para facilitar la viabilidad de empresas en dificultades

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley sobre Medidas Urgentes en Materia Consursal con el objetivo de facilitar los acuerdos que permitan la supervivencia de empresas que entren en concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos). La norma completa medidas ya implantadas para la fase preconcursal y, según indica el Ministerio de Economía, "persigue dar solución a algunas carencias y problemas detectados en la fase concursal". En concreto, establece un mejor engranaje entre el convenio concursal y los acuerdos de refinanciación. Además, se eliminan los obstáculos legales para la venta de empresas o unidades productivas sin cargas.

Según ha explicado el ministro de Economía Luis de Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las deficiencias en el proceso concursal español "han originado que en el año 2013 el 95% de las empresas en concurso acabara en liquidación. Un porcentaje muy superior al de países de nuestro entorno como Reino Unido (80%) o Francia (70%)". En este contexto, el objetivo del real decreto ley aprobado es "evitar la liquidación de empresas cuando estas sean viables", facilitando el proceso de desapalancamiento de las empresas.

Una de las principales novedades de la norma es la ampliación de las posibilidades de extensión de los efectos del convenio a los acreedores disidentes y, en particular, a los acreedores privilegiados, en función de las mayorías que voten a favor. Respecto a los créditos privilegiados, sin modificar su clasificación, se crean cuatro clases diferenciadas, a efectos de la votación para la extensión del convenio, según se trate de acreedores laborales, públicos, financieros o el resto. Dentro de los créditos con privilegio especial, se redefine este como el 9/10 del valor razonable del bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía, una vez deducidas las deudas preferentes.

Los acreedores privilegiados, tanto generales como especiales, mantienen su capacidad de adhesión voluntaria al convenio, pero se introduce la posibilidad de que se puedan extender los efectos del convenio a los acreedores privilegiados disidentes. La condición es que voten a favor del mismo acreedores que representen el 60% o el 75% del pasivo de cada una de las clases de créditos ya mencionadas (laborales, públicos, financieros y resto), dependiendo de las medidas a aplicar.

Para los acreedores ordinarios se mantiene el régimen de aprobación de convenios ya existente, pero se introduce la posibilidad de extender a los disidentes, si vota a favor al menos el 65% del pasivo ordinario, las siguientes medidas: esperas entre 5 y 10 años; quitas superiores al 50%; conversión de créditos en acciones o participaciones del deudor, o créditos participativos hasta 10 años; transformación de deuda en cualquier otro instrumento financiero de características distintas; y cesión de bienes o derechos en pago de créditos. Eso sí, siempre que no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial y que su valor razonable sea igual o inferior al crédito que se extingue o, en caso de ser superior, se reintegre la diferencia.

Por último, se establece un mecanismo para permitir que las medidas de este RDL puedan aplicarse, por una sola vez, a los convenios adoptados al amparo de la legislación anterior, siempre que se den mayorías reforzadas (superiores a las exigidas para la aprobación del convenio) y que así lo apruebe un juez. Se excluirán de esta previsión a los acreedores de derecho público y laborales. Si pese a todo, la empresa entra en liquidación, la norma establece una serie de mejoras respecto de los procedimientos actuales.

Con el fin de facilitar la trasmisión de unidades productivas de bienes o servicios del deudor, se incorporan tres medidas. En primer lugar, se permite la transmisión de contratos y licencias sin el consentimiento de terceros (contrapartes y administración). También se hace posible la transmisión de unidades productivas libre de obligaciones de pago preexistentes, salvo que se acuerde lo contrario o que lo disponga así la ley (es el caso de salarios y obligaciones seguridad social). Finalmente, se permite la venta de unidades productivas con bienes dados en garantía, donde se elimina el consentimiento del acreedor, si el adquirente ocupa el lugar del deudor o si percibe el valor de la garantía; y, en otro caso, se prevén mayorías de arrastre.

Por otro lado, el real decreto ley crea una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción de sobreendeudamiento, con funciones de seguimiento de las medidas adoptadas por esta norma. La Comisión elaborará un informe anual sobre la efectividad de las medidas y sobre la evolución del endeudamiento del sector privado y sus implicaciones macroeconómicas. Asimismo, se constituye un portal telemático en el BOE con información sobre las empresas en liquidación para facilitar su enajenación.