El Gobierno impulsa la fusión de cooperativas agrícolas

El Gobierno quiere acabar con la atomización del sector agrícola, formado en la actualidad por unas 4.000 cooperativas agroalimentarias con más de un millón de socios y una facturación media muy baja, en torno a 4,8 millones de euros, que se traduce en «escasa capacidad negociadora» frente al resto de actores de la cadena alimentaria y en dificultades para afrontar procesos de modernización e internacionalización. El Ministerio de Agricultura aportó un dato que ilustra esa gran dispersión y que explica por qué el agricultor es el eslabón más débil de la cadena: el año pasado el sector cooperativo español –que da empleo directo a 100.000 personas– facturó en conjunto 18.797 millones de euros, lo mismo que las dos mayores compañías agrícolas holandesas.

Para atajar esa «asimetría», el Consejo de Ministros aprobó este viernes el proyecto de ley de fomento de la integración cooperativa, cuyo objetivo final es crear entidades agroalimentarias más potentes, de ámbito supraautonómico y dotadas de una estructura empresarial capaz de mejorar su eficiencia, rentabilidad y capacidad exportadora. En la actualidad, ninguna cooperativa agroalimentaria española está entre las veinticinco mayores de la Unión Europea.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que compareció tras el Consejo de Ministros para dar a conocer el texto legal, añadió otras dos metas al listado: «Contribuir a la mejora de la renta de los productores agrarios» e incrementar la capacidad del sector para «obtener precios más razonables en el mercado interior y más agresivos en los exteriores».

En otras palabras, este texto, que complementa al proyecto de ley de medidas para mejorar la cadena alimentaria, perseguiría limitar los actuales desequilibrios en la cadena y fortalecer el peso de los productores para puedan resistir mejor las presiones de las grandes distribuidoras a la hora de vender sus productos. De paso, las cooperativas más grandes tendrán «prioridad en la concesión de ayudas y beneficios en todos los ámbitos», que afecten al sector (formación, gestión, seguros, financiación, internacionalización, I+D+I), explicó Arias Cañete.

El plan del Ejecutivo contempla la creación de la figura ‘Entidad asociativa prioritaria’, de ámbito supraautonómico, y la articulación de un Plan Estatal de Integración Cooperativa, al objeto de coordinar las políticas de fomento asociativo de la administración central con las comunidades autónomas, en colaboración con el sector.

Seguridad jurídica

El Consejo de Ministros también dio luz verde al proyecto de ley de medidas para mejorar la cadena alimentaria. Pretende imponer en toda la cadena de valor un modelo regulador de las relaciones comerciales entre los distintos agentes. La iniciativa quiere dotar de mayor seguridad jurídica a los contratos, que para reducir la morosidad deberán formalizarse por escrito cuando se trate de transacciones, continuadas o periódicas, de importe superior a 2.500 euros, excepto si el pago se realiza al contado. En este último caso, común en el campo, no será obligatorio suscribir un contrato, pero sí identificar a los operadores y documentar la transacción mediante la correspondiente factura.

El aspecto más polémico de esta norma es que prevé sanciones de entre 3.000 y un millón de euros para cualquier actor de la cadena que cometa prácticas «abusivas». La Comisión Nacional de Competencia (CNC) emitió un informe sobre el proyecto en el que animaba al Gobierno a «reconsiderar» parte de su contenido por entender que podía provocar un exceso de burocratización y afectar a la unidad de mercado. Una visión que hace unos días apoyaron las grandes empresas de distribución en un comunicado.

La aprobación de estos dos proyectos de ley fue «celebrada» por agricultores, ganaderos y por las organizaciones de la industria transformadora de productos alimentarios. En un comunicado conjunto, la organizaciones Asaja, UPA, COAG, Cooperativas Agroalimentarias, Promarca y Fiab esperan que sea «un paso importante para reequilibrar las relaciones» entre los distintos operadores e incrementar la competitividad del sector. «Tenemos la firme convicción de que será el consumidor el principal beneficiado en términos de libertad de elección, calidad e innovación», subrayaron. Los representantes de la gran distribución guardaron silencio.