«Que se queden el piso y me dejen vivir con lo que tengo»

Habitación 629 del Hospital La Fe. Allí, postrado en una cama, nos recibe Manuel G. con los tobillos fracturados y el rostro cariacontecido. El televisor está encendido pero el hombre prefiere conversar. Su mujer habla por teléfono con su hijo Carlos, el mismo que recibió el beso en la mejilla de un padre, desesperado y afligido aquel día, segundos antes de que intentara suicidarse delante de la comisión judicial que iba a desahuciarlo en Burjassot.

La luz que entra por la ventana ilumina todos los rincones de la habitación, que parece más grande. Manuel tiene ganas de hablar. Está harto de la comida del hospital. «Es muy buen cocinero», asegura su mujer. «Cuando salgamos de aquí tendrá que hacernos una buena paella o fideuà para toda la familia», bromea Consuelo B. El hombre de 54 años sonríe y asiente con la cabeza. «Hay que tirar para adelante como sea. Me equivoqué y ahora puedo rectificar mis errores», afirma con optimismo.

Pero Manuel no para de meditar sobre los motivos que le empujaron a saltar al vacío el pasado 25 de octubre. «Me apretaron mucho. Que se queden el piso y me dejen vivir con lo que tengo», asevera mientras busca con su mirada perdida una explicación que alivie su dolor. «Ahora ya sabe que tiene el apoyo de toda su familia, y no volverá a hacerlo», añade con firmeza Consuelo antes de que la tristeza silencie su voz.

Desde el pasado 25 de octubre, sus conversaciones con los médicos y un psicólogo le han abierto los ojos. «Hay que tirar para adelante», repite Manuel. «Nos hemos quedado sin casa, pero viviremos con un familiar», se consuela el hombre. Mientras se recupera de la fracturas en sus dos tobillos, la pelvis y varias costillas, Manuel no deja de darle vueltas al desahucio y se lamenta del día que pidió un préstamo personal a una financiera para «tapar unos agujeros». Con una mano temblorosa aprieta el mando para reclinar la cama y continuar su relato: «Pedí 50.000 euros y ahora debo el triple. Tuve que firmar unas condiciones abusivas con pagos de intereses durante 30 años».

El abogado de la empresa de servicios financieros no dudó a la hora de denunciar los impagos de las cuotas, y la maquinaria judicial se puso en marcha. Llegó el fatídico día, el 25 de octubre de 2012, y Manuel ni siquiera le había dicho a su familia que había pedido un préstamo personal en 2010 con su casa -sin ninguna hipoteca- como aval. «No quería preocuparlos. ¿Para qué?... Iba a perder el piso de todas formas», conjetura.

Sobre las diez y media de la mañana, la comisión judicial llegó al número 44 de la calle del Maestro Fernando Martín en Burjassot. Manuel se encontraba en la vivienda con su hijo Carlos y su mujer, que estaba en la cama por una fuerte depresión. «Sólo me acuerdo que le di un beso a mi hijo, y ya no consigo recordar nada más», sostiene.

El vecino de Burjassot se lanzó al vacío desde su balcón del segundo piso cuando un agente judicial llamó al timbre de la puerta 4. De inmediato, los funcionarios llamaron al teléfono de emergencias 112 para que enviaran una ambulancia con suma urgencia.

Mientras llegaba el SAMU, un policía local comprobó que Manuel mantenía la constantes vitales. La víctima también fue asistida por un bombero hasta que llegó la ambulancia. El hombre estaba semiinconsciente debido al fuerte traumatismo craneal que sufrió. Los sanitarios temieron por su vida cuando vieron el charco de sangre en el suelo y la brecha que tenía en la cabeza. Pero sus piernas amortiguaron el golpe contra la acera. «Me han dicho que me tiré de pie (Manuel no se acuerda de nada) y por eso ahora puedo contarlo», explica con los ojos humedecidos.

Cuatro desahucios ese día

El lanzamiento (despojo de una posesión por orden judicial) estaba previsto para las diez y media de la mañana del 25 de octubre. La comisión del juzgado de Paterna había programado otros tres desahucios ese día en Burjassot, concretamente en la carretera de Llíria y las calle Luis Vives y Ramón y Cajal.

«No entiendo cómo los bancos no son más flexibles en algunos casos», afirma Manuel. «Mi mujer está de baja por depresión, y mis dos hijos y yo somos tres víctimas del paro. ¿Cómo se puede vivir así?», pregunta indignado. «Tanto rescate, tanto rescate... Todo son ayudas para los bancos, «¿y a nosotros quién nos rescata? ¡No hay derecho!», se queja mientras busca la mirada de complicidad de su mujer. «Ponga, ponga en el periódico que la culpa fue mía, pero nadie me ayudó a salir del pozo», añade.

Consuelo nos pide que cambiemos de tema para que su marido no se altere. Hablamos entonces de su recuperación y su estado de ánimo. «Me han dicho los médicos que aún he tenido suerte porque volveré a andar», asegura con un gesto de entusiasmo. «Esto acaba de empezar. Vamos a estar mucho tiempo en el hospital porque tienen que operarlo más veces, pero no le va a faltar nuestro apoyo», dice su mujer tras cogerle la mano en un gesto cariñoso.

El intento de suicidio y la larga estancia en el hospital parece haber unido más al matrimonio. Sin embargo, la maquinaria judicial no se detiene ante la angustia ni los problemas económicos de la pareja, y ya les han comunicado la nueva fecha del desahucio. «Hemos sacado ya algunos muebles. La casa ya la hemos perdido», asume Manue con resignación.

De la financiera no quiere hablar ni escuchar su nombre. «Yo tuve la culpa, lo reconozco, y ellos me asfixiaron con unos intereses abusivos», insiste. «Que se queden con el piso y me dejen vivir con lo que tengo, que es poco», repite con voz ya entrecortada. «Me lo tasaron en 120.000 euros y yo sólo pedí un préstamo de 50.000 euros. ¿Está saldada mi deuda?», pregunta.

Los lanzamientos de bienes han aumentado en Burjassot en las últimas semanas, y algunos días se realizan hasta cuatro desahucios en la localidad. Uno o dos policías locales acompañan siempre a los funcionarios del juzgado a las viviendas y locales comerciales para prevenir posibles incidentes.

La Generalitat y los ayuntamientos trabajan de forma conjunta a través de convenios que permiten realojar en viviendas públicas a las personas afectadas por los desahucios. Cáritas Diocesana de Valencia destinó el pasado año más de 720.000 euros a familias con problemas de vivienda. Además, la entidad caritativa ofrece, en estrecha colaboración con un despacho de abogados, asesoramiento y ayuda jurídica gratuita a personas que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas.