El Supremo suspende parte de la Ley de Inmigración de Arizona

El Tribunal Supremo de EE UU ha suspendido la mayor parte de las cláusulas de la polémica Ley de Inmigración de Arizona que criminializa a los inmigrantes sin papeles en ese estado, aunque ha declarado constitucional que la policía pueda verificar la documentación de un sospechoso de ser inmigrante ilegal, una medida sin precedentes a la que ha mostrado su rechazo el gobierno del presidente Barack Obama.

Según el dictamen, los jueces han anulado las secciones 3, 5 y 6 de la SB1070, pero han reafirmado parte del fallo del noveno tribunal de apelaciones. Así, las autoridades estatales de Arizona podrán continuar aplicando la cláusula que les permite verificar el estatus migratorio de personas que detenga por otras infracciones, algo que, según los activistas proinmigrantes dará licencia a la discriminación racial en el estado.

La ley fue promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010 con la férrea oposición de grupos proinmigrantes. La decisión supone una victoria política para el Gobierno de Barack Obama, que había cuestionado la competencia de los estados federados para legislar en materia de inmigración. El dictamen, según analistas, tendrá amplias repercusiones electorales, además de que afectará el futuro rumbo de leyes estatales que se inspiraron en la SB1070 para combatir la inmigración ilegal.

Once millones de indocumentados

El Tribunal Supremo tenía ante sí varios escenarios posibles: anular solo aquellas secciones que suponían una intrusión en la autonomía del Gobierno federal; dejarlas en pie en aras del reforzamiento de la seguridad pública, o anular unas y validar otras. El fallo del Tribunal Supremo se produjo después de que el pasado 15 de junio, la Administración Obama decidiera suspender la deportación de estudiantes indocumentados de hasta 30 años de edad y que entraron a EE UU cuando eran menores.

El debate sobre qué hacer con los aproximadamente once millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos ha llegado hasta la contienda electoral, en unos momentos en que los votantes hispanos se perfilan como un bloque definitorio en varios estados clave como Nevada, Florida, Nuevo México y Colorado.

El caso de la SB1070 llegó ante el Tribunal Supremo porque la gobernadora Brewer impugnó la decisión de otros tribunales de bloquear las partes más polémicas de la ley estatal. Esas jurisdicciones inferiores coincidieron con el Departamento de Justicia en que esas partes de la ley usurpaban los poderes del Gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración.