Los grandes bancos aportarán 16.000 millones al fondo de proveedores

Los grandes bancos españoles aportarán entre 14.000 y 16.000 millones al fondo de proveedores. Esta cantidad supone hasta un 45% de los 35.000 millones en créditos destinados al pago de las deudas que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen con empresas y autónomos. El Gobierno considera indispensable la puesta en marcha de este mecanismo para reactivar una economía en recesión y atenazada por las políticas de ajustes.

Los cuatro gigantes financieros del país, Santander, BBVA, La Caixa y Bankia, soportarán el grueso de la dotación del fondo con una cantidad de entre 3.500 y 4.000 millones cada una. Así lo ha explicado el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, en una intervención en el XIX Encuentro del Sector Financiero. El montante de otras entidades más pequeñas, como el Banco Popular o el Sabadell, oscilará entre los 1.500 y 3.000 millones.

Por su parte, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se comprometió a financiar con 7.000 millones ampliables a 10.000 el resto del paquete. Según Latorre, la mayoría de los bancos se han mostrado interesados en participar en una de las medidas estrellas del Gobierno de Mariano Rajoy. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya expresó su confianza en que la iniciativa permitiría salvar 100.000 empleos al evitar el cierre de empresas.

Crédito para el destinatario final

El préstamo, avalado por el Estado, supone conceder un crédito sindicado a diez años con dos de carencia y un tipo de interés próximo al 5%. A cambio, el Gobierno se garantiza que el crédito llega a su destinatario final y no es retenido por el camino. Del total, 20.000 millones se destinarán a saldar la deuda de los ayuntamientos y el resto a las comunidades autónomas.

El plan, aprobado por el Congreso el pasado 29 de marzo, permitirá a las administraciones públicas pagar las cantidades adeudadas a partir de mayo. A este plan ya se acogieron 4.600 ayuntamientos que presentaron más de dos millones de facturas adeudadas a 177.000 proveedores. El Ejecutivo siempre mantuvo que estos impagos eran inaceptables y puso en marcha la maquinaria legislativa para solucionar el problema y dar ejemplo en las instituciones públicas.