El Gobierno aprobará antes de verano la reforma contra el vandalismo

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que el Gobierno prepara un endurecimiento del Código Penal para actuar contra quienes protagonicen violencia callejera, y quiere tenerlo listo antes de fin de año. La reforma del Código Penal que defiende el Ejecutivo tiene el objetivo de elevar a un mínimo de dos años las penas contra quienes protagonicen violencia callejera. También pretende que los fiscales puedan pedir para los arrestados prisión provisional y que los jueces adopten tal medida.

El Gobierno, según el ministro del Interior, trabaja en esta reforma con plazos marcados: quiere aprobarla en Consejo de Ministros antes del parón veraniego y terminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año. La medida, de aplicarse, igualaría los castigos para escenas como las vistas el pasado 29-M en Barcelona a los que se activan contra el llamado terrorismo callejero (kale borroka).

Los Ministerios de Interior y de Justicia trabajan conjuntamente en la reforma, si bien los trabajos se han acelerado a raíz de los incidentes acaecidos en la capital catalana con ocasión de la jornada de huelga general. "En Barcelona se ha puesto de manifiesto que hay radicales y violentos que usan esos eventos para actuar como auténticas guerrillas urbanas, y junto a Justicia preparamos una respuesta del Código Penal adecuada a la agresión a la sociedad que se produce", ha resumido el ministro, acompañado en su comparecencia improvisada ante los medios por la líder del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho.

Tanto los jueces y fiscales como los cuerpos de seguridad del Estado, en palabras del ministro del Interior, dispondrán de "instrumentos adecuados para hacer frente" a situaciones de violencia callejera, en las que además del enfrentamiento entre grupos radicales y la policía, se producen cuantiosos daños al mobiliario urbano.

Para quien cometa este tipo de delitos, las penas serán de dos años, los fiscales podrán pedir prisión provisional y los jueces podrán adoptarla, ha insistido Fernández Díaz antes de recalcar que una medida así no hace de España un caso único, sino que homologa al país con otros del entorno, especialmente Francia y Reino Unido.