Amorós pide 10 millones de euros por su despido

El juicio por el despido de la exdirectora general de Caja Mediterráneo María Dolores Amorós ha quedado visto para sentencia, tras cinco horas de vista oral en las que la defensa ha negado que se falsearan cuentas económicas, mientras que la acusación ha apuntado manipulación contable.

Tras las exposición de los informes, la aportación de pruebas documentales y la declaración ante la sala de testigos y peritos, será ahora la titular del Juzgado de lo Social 4 de Alicante la que decidirá si el despido de Amorós fue improcedente. La ex directora general de CAM, acompañada por su dos letrados, ha abandonado el edificio judicial entre insultos por parte de dos titulares de acciones preferentes y ante la mirada de numerosos periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión.

De hecho, Amorós ha optado por introducirse junto a uno de sus abogados en un portal abierto de un edificio cercano para intentar evitar a los medios de comunicación y a las personas que la han seguido por la calle para descalificarla. La representación legal de Amorós ha pedido que el despido sea declarado improcedente, decisión que podría conllevar el cobro de una indemnización cifrada, según la acusación particular, en diez millones de euros. Además, ha instado a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la entidad, que posteriormente fue derogada.Amorós fue despedida el 28 de septiembre de 2011 por los nuevos administradores de CAM a raíz de la intervención del Banco de España en julio de ese año, que, a través del FROB, capitalizó la CAM con 2.800 millones de euros mediante la compra de acciones y de otros 3.000 millones para dar liquidez inmediata.

En ese momento, se le despidió bajo la acusación de que había buscado "el beneficio propio, falseado las cuentas y realizado una gestión deficiente" mientras ocupaba el cargo de directora general.Además, los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) también consideraron "reprobable" su sueldo y la pensión de por vida acordada durante la etapa en la que la CAM era presidida por Modesto Crespo.

Por "vía penal"

Uno de los tres administradores de Caja Mediterráneo ( CAM ), José Antonio Iturriaga, ha dicho hoy en el juicio por el despido de la exdirectora general María Dolores Amorós que la gestión de ésta en la entidad es propia de la "vía penal".

Según ha expuesto, existen documentos, soportes informáticos y correos electrónicos cruzados entre diferentes actores de CAM que reflejan incumplimientos normativos y ocultación de cifras.Iturriaga, inspector del Banco de España en excedencia, fue nombrado administrador de la entidad alicantina junto a otras dos personas más por la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a raíz de la intervención de CAM. Los seis directivos de Caja Mediterráneo ( CAM ) que se acogieron al ERE promovido por la entidad en junio del pasado año cobraron 15,5 millones de euros en concepto de prejubilación.

Según un informe del Banco de España al que ha tenido acceso Efe, la gestión de la adhesión al ERE fue irregular en los seis casos, ya que la solicitaron por carta personal en lugar en lugar de a través la aplicación informática correspondiente.Además, los inspectores del Banco de España tienen "dudas razonables" de que el ex director general de la caja, Roberto López Abad, solicitara la prejubilación en los plazos previstos, ya que la petición no consta en ningún acuerdo de la Comisión de Retribuciones ni del Consejo de Administración como ocurría en los otros casos.