Retiros dorados en cajas arruinadas

Los cien millones de euros largos que, en total, han cobrado o aspiran percibir una veintena de ex directivos de cajas de ahorro con gran escándalo de las fuerzas sociales y políticas, se quedan por debajo de los 106 millones que se embolsó Ángel Corcóstegui en 2002 por salir del Santander Central Hispano y dejar el camino libre a su presidente. Emilio Botín. Estos blindajes tienen un origen parecido: muchas veces se despeja a una parte de los altos ejecutivos a golpe de billetera, con el fin de que las fusiones o reestructuraciones salgan adelante. Pero las entidades de ahorro que se han mostrado tan generosas con los salientes tomaron esta decisión cuando empezaron a verse en graves dificultades, y han tenido que ser socorridas con recursos públicos, es decir, de todos los ciudadanos, y existen serias dudas de que puedan recuperarse.

El Banco Santander, por el contrario, tras pagar la indemnización más elevada nunca concedida en España y una de las más abultadas del mundo se mantiene, pese a las turbulencias, entre más rentables grupos financieros internacionales.

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue intervenida por el Banco de España, y está a la espera de que alguna de las entidades españolas más solventes se muestre dispuesta a hacerse cargo de su futuro. Su rescate tendrá un coste final, que el Gobierno quiere cargar sobre el sector bancario a través del remozado Fondo de Garantía de Depósitos.

El 'boom' del ladrillo

Durante los años del 'boom' del ladrillo la CAM concedió créditos con enorme alegría a todo tipo de promotores, y se embarcó en negocios tan poco afortunados como Terra Mítica. Cuando el organismo supervisor puso en marcha la reestructuración del sector, eligió como pareja de baile a Cajastur y otros miembros del Banco Base, un proyecto abortado por el resto de los socios cuando empezaron a salir a la luz las cuentas de la caja alicantina.

Las prebendas de consejeros y ejecutivos de la CAM aumentaban a medida que la entidad se precipitaba hacia el desastre. Modesto Crespo, que tomó posesión como presidente en junio de 2009, se aseguró una asignación mínima anual de 300.000 euros que, al no desempeñar cargos ejecutivos, cobraba por pertenecer y asistir a los consejos de empresas participadas. Tan cerca como en 2010, los administradores de la entidad obtuvieron 4,5 millones en préstamos a bajo interés, y cinco ex altos directivos cobraron un total de 14 millones por prejubilarse.

Figuraba entre ellos Roberto López Abad, a quien se asignaron 5,8 millones. Su sucesora, María Dolores Amorós desempeñó el cargo de directora general de la caja de ahorros alicantina hasta que, el pasado verano, fue despedida de forma fulminante y sin compensación por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que gestiona la entidad tras su intervención.

Amorós, que además de cobrar un sueldo anual de 593.040 euros se fijó una pensión vitalicia de 369.497 euros por año, se enfrenta a varias denuncias por ocultar al consejo las indemnizaciones millonarias y oscurecer los malos datos de la entidad mediante prácticas de 'contabilidad creativa'. A 30 de junio pasado, los 38,9 millones de euros de beneficio presentados en marzo se habían convertido en 1.136 millones de pérdidas. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto de oficio una investigación para conocer si las actuaciones que motivaron este despido y, en concreto, la adjudicación de una pensión vitalicia, pueden constituir un delito.

En Novacaixagalicia, la Fiscalía permanece a la espera de los informes del FROB para enjuiciar las conductas. Nacida de la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia, cuando se desnudó ante el Banco de España en el reciente proceso de capitalización de las cajas de ahorro, su valor reconocido se quedó en 181 millones de euros. Los 'rescatadores' nacionalizaron el equivalente a su aportación de 2.465 millones de euros de recursos públicos, un 93% del capital.

Mientras estas operaciones se llevaban a cabo, por la puerta de atrás de la entidad salían cuatro altos cargos de la última etapa, indemnizados con un total de 23,6 millones de euros. Tres meses antes, el ex director de la caja coruñesa había recibido 16,5 millones brutos por allanar el camino a la integración.