LOS PELIGROS

Patrimonio de la Humanidad

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La alcaldesa de Cádiz ha anunciado su intención de llevar al Pleno de agosto una nueva propuesta para que se declare a la ciudad Patrimonio de la Humanidad, haciendo ahora hincapié en su condición de Ciudad Constitucional. Ya se hizo en el Pleno de marzo, contestado ahora por la Junta de Andalucía que recuerda que el expediente gaditano lleva tiempo archivado. Estamos ante ese tipo de iniciativas que punzan directamente el corazoncito local, a las que nadie se opondrá nunca, y sin coste alguno para quien las propone. Rentables siempre. Aún sabiendo que las posibilidades de obtener esa declaración antes de 2012 son mínimas, se lanza esa petición y si no sale ya se culpará a quien la detenga de ir contra la mismísima ciudad.

De hecho, ya se ha presentado la respuesta de la Junta como un rechazo a la candidatura de Cádiz. No me parece mal que se lance un proyecto de unidad alrededor de nuestro rico patrimonio, siempre que se plantee en plazos razonables de éxito y con un pacto entre las distintas opciones de dejar fuera de la lucha política ese objetivo que, con realismo, sería a medio plazo. Se trataría de despolitizar la candidatura de la ciudad. Y para buscar la colaboración de los gaditanos, y que no decaiga enseguida en desánimo, hay que empezar por decirles claramente cuáles son las posibilidades reales de conseguirlo ahora. Son pocas.

Ya se había remitido en 1997 la propuesta de Cádiz, basándose en la riqueza patrimonial del casco histórico, y aprobada por la Junta y el Consejo del Patrimonio Histórico, fue incluida al año siguiente en la Lista Indicativa de España, con 122 aspirantes, paso previo para la presentación de candidatos a la UNESCO. En ese Consejo de 1998, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas acordaron no ampliar más esa Lista.

Hasta entonces, nuestro país y otros occidentales copaban las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, pero se produjo un cambio de criterios de elección en la UNESCO, que dictó unas Directrices Prácticas para el proceso, en 1999, y la Resolución de Cairns (Australia), en el 2000, para buscar un mayor equilibrio, tanto entre bienes culturales y naturales como entre los países que conseguían la declaración, primándose desde entonces los del Tercer Mundo, con menos posibilidades económicas de proteger sus bienes. Se pidió a los países con más bienes (España es el segundo, tras Italia), que limitaran sus candidatos a uno por año y que redujeran sus Listas. España sacó de ahí, en el 2000, a todas las ciudades históricas, entre ellas a Cádiz, dejando sólo 60 sitios. En el 2005 se redujeron hasta 23, de los que sólo tres son ciudades; el resto son itinerarios, sitios naturales o agrupaciones conceptuales, mejor valorados por los técnicos internacionales.

En los últimos cinco años, España sólo ha conseguido dos Patrimonios de la Humanidad. Ese es el panorama real de las posibilidades actuales de Cádiz, no incluida siquiera en la Lista nacional, con un tipo de riqueza patrimonial distinta a la que ahora se premia y con la desventaja de no cumplir los nuevos criterios de elección. Si, además, la documentación completa debe estar en la UNESCO antes de cada febrero y ésta se toma otros 18 meses en evaluar e inspeccionar, restarían sólo cuatro años para llegar a tiempo al 2012. ¿Hay tiempo? Lo que se propone ahora es todo un cambio en la candidatura, haciéndola asentar no sólo en el patrimonio arquitectónico, sino en la condición de ser la tercera Constitución en aprobarse, como bien de «valor universal excepcional». Este cambio exige rehacer con rigor toda la documentación enviada, para defender y justificar ese valor, no basta con un simple escrito comunicándolo. ¿Se está preparando esa nueva documentación?

¿Cuándo se presenta públicamente? Porque una de las Directrices por las que se decidirá, la 29, es clara: «las ciudades ( ) no podrán evaluarse solamente en abstracto en función del papel que puedan haber desempeñado en el pasado o como símbolos históricos». Hace falta mucho más trabajo para contagiar en la población la fe en la propia candidatura, no sólo espejismos electorales.