La Junta advierte al Ayuntamiento que los chiringuitos tendrán que comenzar a cerrar el martes

Los chiringuitos de las playas de la capital tendrán que comenzar a cerrar el próximo martes 1 de noviembre si el Ayuntamiento de Cádiz no entrega con anterioridad en la Delegación Provincial de Medio Ambiente la documentación requerida para la tramitación del procedimiento de modificación sustancial de la concesión otorgada.

Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, que explicó que se van a cumplir los plazos establecidos en la Ley. «El plazo es el plazo y no podemos saltarnos un plazo administrativo», ha explicado, en referencia al cumplimiento de los periodos de explotación que recoge la actual concesión y que establece la fecha del 31 de octubre para los establecimientos situados en la playa de Cortadura y el 30 de noviembre para los de la playa de La Victoria y Santa María del Mar.

Estos plazos deben cumplirse, a juicio de la administración autonómica, porque a día de hoy no se ha iniciado el procedimiento de modificación sustancial, una acción que paralizaría todos los plazos y que permitiría de forma inmediata que los empresarios obtuvieran un permiso provisional para abrir durante este invierno, a la espera de que se tramitase el expediente de modificación sustancial, que suele tardar varios meses.

Precisamente, el Consistorio gaditano se encuentra aún dentro de los 15 días de plazo otorgado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en la resolución del pasado 18 de octubre, tras no haber recibido aún ninguna comunicación al respecto por parte de los responsables municipales.

Sin embargo, hasta el momento el Ayuntamiento sigue afirmando que está a la espera de un informe jurídico del Consejo Consultivo en el que se garantice el cumplimiento de la legalidad, ya que el procedimiento que exige la Junta podría ocasionar problemas legales en virtud del actual pliego de condiciones.

Además, fuentes municipales han confirmado que a día de hoy no ha recibido aún toda la documentación requerida a los empresarios de los chiringuitos, que tenían un periodo de 10 días para presentarla y que acaba el miércoles. Por este motivo, desde el Consistorio también han asegurado que están barajando la posibilidad de solicitar una prórroga a la administración autonómica que les permita contar con todas las garantías jurídicas antes de iniciar el trámite.

Por su parte, el delegado de la Junta en Cádiz, López Gil ha hecho referencia a las últimas manifestaciones del alcalde gaditano, José María González, aclarándole que «nunca le pedirán desde la Junta que se salga de la legalidad y, de hecho, le hemos trasladado las distintas opciones por las que puede actuar dentro de la legalidad», ha subrayado.

Asimismo, el delegado ha manifestado que le llama la atención la «incongruencia» del Ayuntamiento, pues «un día dicen que van a hacer una cosa y al siguiente dicen la contraria, lo que llena de incertidumbre a las administraciones que tenemos que gestionar con el Ayuntamiento de Cádiz».

En el caso concreto de los chiringuitos, ha recordado que el alcalde «dijo que iba a presentar la documentación y no lo hizo; después dijo que se le había acabado el plazo pero que lo habría aprobado en Junta de Gobierno y que lo iba a presentar, que había sido por un problema administrativo; y a los dos días dijo que no iba a presentarlo porque él no puede incumplir la legalidad».

Por ello, ha reconocido que no tiene «ni idea de lo que va a hacer el Ayuntamiento de Cádiz», lo cual le «preocupa» porque no tiene certeza de que finalmente vaya a presentar una iniciativa que permita que los chiringuitos se mantengan en invierno. De hecho, ha puesto de relieve el interés de la Junta para que se mantengan las instalaciones. «Los empresarios saben que hemos puesto de nuestra parte todo lo que podemos, ya que si hay algún sitio de la provincia en el que tiene sentido es en Cádiz, al ser una playa urbana y los chiringuitos estar integrados en la actividad de ocio y la restauración del municipio», ha argumentado.

López Gil ha insistido en que desde la Administración andaluza se han dado alternativas al Ayuntamiento para cumplir con la legalidad en este sentido, pero «no podemos hacer la documentación que al Ayuntamiento le corresponde hacer».

En su opinión, si el Consistorio gaditano no presenta la solicitud de modificación sustancial de la concesión será «una declaración de no querer hacerlo», pero «no se atreve a decir que no».