Delphi, punto y aparte

Las palabras se las lleva el viento y algunas promesas quedan en el olvido de la memoria. Los extrabajadores de Delphi no están dispuestos a que el compromiso firmado en julio de 2007 entre la Junta y sus representantes sindicales sea papel mojado. Ese documento son las escrituras de una hipoteca que la Administración regional ha decidido romper por su cuenta. El acuerdo al que llegó hace seis años el Gobierno de Manuel Chaves con los extrabajadores fue a todas luces un mal acuerdo del que ahora se pagan sus consecuencias pero, entonces, había unas elecciones a la vuelta de la esquina y había que sacar un rédito político a cualquier precio. El PSOE tenía que asegurar una nueva victoria en Andalucía y el terremoto laboral que sacudió a Cádiz con el cierre de Delphi suponía una grave amenaza para los intereses electorales del partido. Todavía retumba en la mente de la plantilla aquellas palabras del presidente Rodríguez Zapatero: «no os vamos a dejar tirados». El tiempo pasa y las palabras se convierten en humo. El acuerdo al que llegaron las partes suponía desde luego un agravio comparativo con el resto de parados de la provincia, sin embargo, fue el compromiso por escrito que asumió el gobierno andaluz con un millar de familias que había perdido el empleo. A los afectados por el cierre de Delphi se les dio un tratamiento singular, que muchos desempleados gaditanos miraron con envidia y recelo. El colectivo empezó a recibir una formación remunerada justo ocho meses después del cierre de la empresa. A la Junta no le interesaba en absoluto que 1.200 obreros ingresaran de golpe en la lista del SAE. Así nació en Cádiz el parado de primera y el parado de segunda categoría. La Junta medió en las indemnizaciones por despido, orquestó el proceso para favorecer las prejubilaciones y elaboró una ambiciosa hoja de ruta que tenía como objetivo captar inversiones que devolvieran a la Bahía la actividad industrial perdida. Chaves firmó en blanco un talón al portador para curar la herida que había dejado Delphi, sin embargo, su gestión ha servido de muy poco. Los gestores de Delphi abandonaron Puerto Real dejando una deuda con proveedores superior a los diez millones de euros, lo que ha llevado a declarar un concurso de acreedores. El terreno sobre el que se asienta la factoría es el principal aval que tiene ahora el Juzgado de lo Mercantil para liquidar la deuda. Seis años después del cierre de la planta la situación es insostenible y obliga a pedir responsabilidades a los políticos que organizaron este fiasco. El caso Delphi se ha llevado más de 500 millones de euros de dinero público, cuyo resultado ha sido nulo. Ninguna empresa, salvo Alestis y Gadir Solar, está última cerrada, se ha asentado en la Bahía. Para colmo, unos 600 extrabajadores reclaman todavía el acuerdo suscrito por la Junta mediante el cual se les garantizaba la recolocación y una formación pagada. El protocolo de 2007 fue un error de bulto de la Junta, pero los errores se pagan caros. El caso Delphi no puede cerrarse ahora en falso como ya se hizo hace seis años. La Junta tiene que cumplir o, por lo menos, responder con una solución alternativa. Su credibilidad está por los suelos.