Griñán y Chaves declaran que nunca se percataron del fraude en los ERE

José Antonio Griñán y Manuel Chaves, distanciados en lo personal en los últimos tiempos, coincidieron ayer en su estrategia de defender la absoluta ignorancia de ambos sobre el fraude cometido en la Consejería de Empleo desde 2001 a 2010 cuando se concedieron ayudas millonarias de forma irregular y se colaron un centenar de intrusos en los expedientes de regulación de empleo (ERE) para cobrar prejubilaciones. El mayor escándalo de corrupción en la Junta de Andalucía en sus 30 años pasó sin que sus máximos responsables políticos se percataran de ello.

Esa es la conclusión principal de la maratoniana sesión de ayer, en la que Manuel Chaves por la mañana y José Antonio Griñán por la tarde respondieron a las preguntas de los diputados de la comisión de investigación. Con ellos termina la tanda de comparecencias y ahora queda que los diputados resuelvan una conclusión que el presidente de la comisión, Ignacio García, anunció para final de octubre.

Chaves compareció en calidad de presidente de la Junta hasta 2009. Griñán fue su consejero de Economía y Hacienda desde 2004 hasta 2009 y este año le sustituyó al frente de la Junta. Había gran expectación sobre la declaración de los dos. Es la primera vez que un presidente andaluz comparece ante una comisión de investigación del Parlamento. Una comparecencia con jaleo incorporado. Medio millar de personas del movimiento 25S, en su mayoría filiales del Sindicato de Trabajadores del Campo (SAT), se concentraron por la tarde ante el Parlamento para protestar por los recortes. Lograron durante un tiempo impedir la salida de personas y vehículos pese al abultado despliegue policial.

Las dos horas de Chaves y las dos y media de Griñán pueden resumirse en lo siguiente: Los dos mandatarios defendieron la legalidad tanto del programa de ayudas sociolaborales y su reflejo en los Presupuestos en la partida 31L (mil millones de euros en la década analizada), así como el procedimiento establecido en 2001 con un convenio marco entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el pago de las prejubilaciones y las ayudas a las empresas en crisis. La jueza Alaya que investiga el fraude considera ilegal este procedimiento, llamado transferencia de financiación. «El Consejo de Gobierno nunca conoció, aprobó ni avaló» ninguna medida ilegal, sostuvo Chaves.

Griñán y su antecesor no eluden reconocer como «grave» el fraude producido, pero lo achacan a la deliberada actuación de un grupo de personas y no como causa del procedimiento. Los diputados del PP y de IU consideran este método la clave del fraude y apelan a las cinco advertencias de la Intervención General de Hacienda desde 2005 sobre su irregularidad. Ayer Carlos Rojas (PP) y Alba Doblas (IU) trataron de averiguar si el método fue ideado por el Gobierno de la Junta para saltarse los controles y conceder de forma arbitraria ayudas a empresas amigas.

Chaves de forma rotunda, con una explicación clasificadora sobre el funcionamiento del Gobierno de la Junta, y Griñán después con profusión de argumentos jurídicos, intentaron desactivar la relación causa-efecto entre el procedimiento para conceder las ayudas y el fraude producido. El presidente quiso dejar claro que nunca conoció los informes de la Intervención porque estos no alertaban de menoscabo de fondos. Sostuvo un enconado rifirrafe sobre ello tanto con Rojas como con Doblas, quienes le recordaron que los informes iban dirigidos a su departamento. Rojas acusó a Griñán de no asumir responsabilidades cuando estuvo «en la sala de máquinas» de la Junta cuando se cometió el fraude y de escudarse en «compartimentos estanco». Griñán quiso hacer ver que las advertencias del interventor fueron sobre discrepancias sobre el procedimiento, pero no denunciaron irregularidades y tampoco el fraude. «Nunca, nunca nadie me dijo que se cometiera fraude», enfatizó además de recordar que nunca vio esos informes.

No detectó fuego

Griñán opina como Chaves que es la Consejería de Empleo la que debió atender las sugerencias del interventor sobre el procedimiento, pero que si este no alertó de fraude es porque no vio que se estuviera produciendo. «Si hubiera detectado fuego, lo habría apagado. La Intervención es la que tenía que haber dado la alarma», dijo Griñán. «Muchas veces el bombero puede avisar y no avisa», manifestó Chaves con anterioridad.

Doblas se extrañó que si su departamento supo de los informes del interventor no instara a Empleo a hacer algo al respecto. «Si en su coche se enciende una luz que le advierte de que no tiene líquido de frenos, no espera a darse la torta para reponerlo». Griñán le replicó: «Si el coche de un vecino se le enciende la lucecita de liquido de frenos, será mi vecino quien tendrá que darse cuenta, a mi nunca me ha llegado ningún aviso», contestó en referencia a Empleo.

Griñán reconoció que los hechos son graves, pero también subrayó que la Junta de Andalucía fue la primera en denunciar las irregularidades una vez detectadas y en colaborar con la Justicia. «Investigamos, denunciamos, colaboramos y nuestro fin último es restituir los fondos que hayan sido percibidos de forma indebida», manifestó.

El presidente entonó en un momento el mea culpa, recordó que pidió disculpas a los andaluces y admitió que pudo haber habido «una mayor vigilancia». Chaves también lo hizo por la mañana. «Pido disculpas por errores puntuales», dijo a preguntas de Doblas.

Discrecionalidad

Chaves explicó que como presidente «no tenía por qué conocer el día a día de las consejerías» y por tanto tampoco el convenio marco para el pago de las ayudas. Reconoció, no obstante, que el método para pagar las ayudas «tiene un amplio margen de discrecionalidad» y era «poco concreto», pero que estaba sujeto a todos los controles. También niega que se haya reunido alguna vez con el principal imputado de la trama, Javier Guerrero, exdirector general de Empleo. «Nunca me reunía con directores generales o viceconsejeros, solo con los consejeros, si dice que se reunió a solas conmigo, miente».

Preguntado por el PP si defiende la actuación de su exconsejero Antonio Fernández, que ha pasado seis meses en prisión con fianza, respondió: «Mientras no se demuestre lo contrario es presuntamente inocente». Chaves pidió que caiga «todo el peso de la justicia» para los que han cometido el fraude.