Romaní, sorprendido porque Fiscalía acuse a Miguel Osuna de malversación

El consejero del Comité Ejecutivo de la Zona Franca en Cádiz, Ignacio Romaní, ha manifestado hoy su sorpresa ante la pena de trece años de cárcel que la Fiscalía tiene previsto solicitar para el exdelegado de Zona Franca, Miguel Osuna (bajo la anterior legislatura del PP) por el denominado 'caso Rilco' y le llama la atención que el Ministerio Público le acuse de delitos que el juez instructor descartaba, como la cooperación en la supuesta malversación de caudales públicos.

En una nota de prensa enviada hoy a los medios, Romaní ha considerado «inconcebible» que la Fiscalía intente «forzar» la inclusión de Miguel Osuna como acusado por un delito de malversación, «cuando el juez instructor ha señalado que fue el propio Osuna el que abrió una investigación interna sobre el 'caso Rilco'». Lo cierto es que el juez número 4 de Cádiz procesó a Osuna, precisamente, por un delito de no perseguir las supuestas irregularidades cometidas por su antecesor.

El dirigente popular no ha hecho, en cambio, ninguna referencia ni ha defendido a Manuel Rodríguez de Castro, tambien exdelegado del consorcio entre 1996 y 2001 (bajo mandato del PP), para el que la Fiscalía pide 10 años por el mismo asunto. A Rodríguez de Castro se el acusa, entre otros delitos, de malversación de fondos públicos en la creación del denominado portal Rilco, en Internet, que fundó a finales de 2000 ante la perspectiva de ser destituido del cargo por sus irregularidades en la gestión de Zona Franca. Según relató el juez de instrucción en su auto de procesamiento al finalizar la investigación del caso, Rodríguez de Castro se concertó con Germán y Carmen Leyva (dos empresarios radicados en Maiami y también acusados) y para que la empresa de ambos gestionaran el portal de comercio Rilco. La adjudicación estaba valorada en 6,7 millones de euros. Según las acusaciones, este precio estaba inflado, y que Rodríguez de Castro habría obtenido supuestamente un beneficio económico de la operación.

Por otra parte, Romaní se ha mostrado molesto con la supuesta filtración de las solicitudes de condena a la prensa y considera «sospechoso» que ocurra poco antes de las elecciones andaluzas. Recuerda que también se dio a conocer en octubre (un mes antes de las elecciones generales) la sentencia del Tribunal de Cuentas, que condenaba a Osuna y a Rodríguez de Castro a devolver 4,3 millones de euros por su gestión en Zona Franca, la mayoría de ellos relacionados con el portal web Rilco. Entonces el PP ya acusó a los tribunales de hacer supuestamente el juego electoral al PSOE.

Finalmente, Ignacio Romaní ha insistido en que el PP «es el primer interesado en que se esclarezca de una vez por todas todo lo acontecido en la Zona Franca de Cádiz» con este caso y en «que cumpla con sus responsabilidades penales, si las hubiere, quien tenga que cumplirlas».