La Junta denunció los fraudes al Plan Bahía Competitiva en abril

Tres meses antes de que el BOE publicara la resolución de reembolso de varias ayudas a cargo del Plan Bahía Competitiva, el presunto fraude ya estaba en manos de la Fiscalía de Sevilla y el Banco de España. Así lo reconoció ayer el consejero de Innovación, Antonio Ávila, en la Cámara andaluza a petición del grupo parlamentario IU-Los Verdes.

Fue a mediados de julio cuando el escándalo saltó a los medios: un empresario gallego había desaparecido con 14,5 millones de euros en ayudas para la reindustrialización sin haber cumplido los objetivos de empleo. Pero ya para entonces los órganos de control estaban sobre el asunto. Según dijo Ávila, fue el 30 de marzo cuando se envió la comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente del Banco de España. Posteriormente, el 5 de abril, se trasladaron los hechos a la Fiscalía de Sevilla, concretamente a la sección de Delitos Económicos. Y de manera inmediata representantes de la Junta se reunieron con responsables del Ministerio de Industria para alertar de las presuntas irregularidades con el objetivo de que se pudiera activar el procedimiento de reintegro de las subvenciones.

A lo largo del año apenas se han producido reuniones de seguimiento del programa. Y en más de una ocasión los delegados sindicales que se encuentran representados en esta mesa han manifestado su malestar por el escaso avance y la falta de noticias.

Balance millonario

Sin embargo, Ávila puso de manifiesto el impacto positivo que el Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz está teniendo en la economía gaditana con una inversión pública hasta el momento de más 686 millones de euros. De este montante, destacó los 400 millones invertidos en infraestructuras, caso de la variante sur de Jerez, la ronda metropolitana de Chiclana y el tranvía de Cádiz-San Fernando-Chiclana. También remarcó las inversiones de 260 millones en programas de empleo o las realizadas en materia medioambiental de cerca de siete millones en el parque metropolitano de los Toruños o en la Red de Espacios Libres de la Bahía, entre otros.

Durante su comparecencia también despejó la duda sobre el futuro del plan y dejó claro que «no se disuelve». Explicó que se han tomado decisiones encaminadas a su reforzamiento. Precisamente a ello obedece que se haya integrado en la Agencia Idea, una decisión que según dijo «no que se debe, en modo alguno, a una pérdida de confianza en los responsables, sino que su reestructuración es anterior».

Por su parte, el parlamentario del PP-A Jorge Ramos Aznar solicitó la dimisión del consejero ante el «evidente fracaso» de las políticas económicas de la Junta y apuntó que, precisamente, «los gaditanos se sienten engañados como han puesto de manifiesto las pasadas elecciones municipales». Ramos Aznar recordó que la Diputación de Cádiz va a remitir «todas las barbaridades que se han producido a la Fiscalía».

Una advertencia para la que el consejero tuvo la respuesta a punto: «Han sido los funcionarios de la Junta los que han detectado las irregularidades y se ha llevado a la justicia», recordó e invitó a los populares a que denuncien las situaciones que consideren ilegales en lugar de recurrir simplemente a los medios».

El diputado de IULV-CA Ignacio García consideró, por su parte, que el Plan Bahía Competitiva nació como una especie de «amalgama de actuaciones variopintas y diversas» y, desde el principio, se ha caracterizado por ser una especie de operación «permanente de propaganda». Agregó también que no cabe, en modo alguno, achacar a la situación de crisis el «fracaso» en los objetivos de creación de empleo.