El exalcalde de Puerto Serrano, imputado por prevaricación

Seis mandos de la Policía Local de municipios andaluces han sido procesados por un delito continuado de prevaricación por supuestamente prestarse a amañar las oposiciones convocadas en 2012 en el municipio gaditano de Puerto Serrano con el objetivo de «colocar» al yerno de uno de ellos y al del entonces regidor, Pedro Ruiz Peralta (IU).

Según el auto emitido por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera, al que ha tenido acceso este periódico, se «orquestó» un procedimiento para que -«de antemano»- se otorgase una plaza a Raúl G.V. y David G.G., presuntos yernos del citado exregidor de Puerto Serrano y del actual jefe de la Policía Local de Antequera, Enrique Ruz, respectivamente.

«Salvaron distintos obstáculos que se presentaron en dicho procedimiento para que los opositores referidos accediesen a una de las plazas, repitiendo sin justificación alguna de las pruebas […], así como elevando su nota en el -examen- tipo test hasta alcanzar el mínimo previsto», afirma la autoridad judicial, quien advierte de la «concurrencia de una serie de irregularidades con el único fin, y así fue, de que el yerno del alcalde obtuviese un puesto». Pedro Ruiz Peralta, «prevaliéndose de la posición que ostentaba, diseñó el procedimiento selectivo», señala el magistrado Alejandro Carrillo, quien agrega que Miguel Ángel Cintado, entonces jefe de la Policía Local de Puerto Serrano, supuestamente «eligió a los miembros del tribunal entre personas de su confianza con el fin de cumplir el propósito del alcalde».

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que el nombre del exregidor de este municipio gaditano copa titulares por acciones sospechosas. Fue condenado por delitos urbanísticos y Anticorrupción lo acusaba de «enchufismo» continuado de familiares. Estos escándalos no le impidieron ser alcalde ininterrumpidamente durante más de dos décadas. El instructor de esta caso considera que el jefe de la Policía Local de La Puebla de Cazalla (Sevilla), Francisco Javier Rodríguez Gijón, presidente del tribunal de las oposiciones, «facilitó que David G.G. repitiese la prueba de salto para superarla»; mientras que su homólogo de Antequera, que también formaba parte de la terna evaluadora, utilizó la designación del vocal J.M.P.G., subordinado suyo, «con el fin de favorecer a su yerno». No son los únicos mandos policiales procesados. En la misma situación judicial se encuentran los máximos responsables de las policías locales de Osuna (Sevilla) y Arriate (Málaga), así como el subinspector de Puente Genil (Córdoba), que fueron vocales del tribunal y que presuntamente «toleraron y cooperaron con las irregularidades descritas».

El auto refleja que los dos opositores imputados se presentaron al concurso público de empleo «a sabiendas de que independientemente de cómo realizasen las pruebas, resultarían aprobados».

Junto a todas estas personas, también están encausados otro vocal del tribunal -José Mario Pérez- y el secretario del proceso selectivo, Francisco Javier Santos, al que también se imputa que «permitió» las supuestas ilegalidades. El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arcos argumenta la actuación penal en este caso -en vez de la contencioso-administrativa- defendiendo la necesidad de actuar cuando «la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública, se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de autoridad o funcionario».

La cifra total de imputados alcanza la docena y contra el auto cabía recurso de reforma.