Anticorrupción pide nueve años de inhabilitación para el alcalde de Chipiona por su etapa como edil de Rota

Continúa el calvario judicial para el anterior Gobierno de Rota. Si recientemente se conocía la sentencia que condenaba a cuatro años y medio de cárcel a la exalcaldesa y candidata del PP en los pasados municipios, Eva Corrales; ahora es la Fiscalía Anticorrupción la que comunica su escrito de acusación en otro de los procedimientos que se han instruido en los juzgados roteños, el ' caso uniformes'.

En este asunto se han investigado los contratos municipales que fueron adjudicados a una red de empresas propiedad de Lorenzo Sánchez, de su esposa y de varios concejales a pesar de la prohibición legal que impide a los cargos públicos hacer negocios con la Administración.

El Ministerio Público solicita penas de inhabilitación y/o cárcel para 21 personas.

A la cabeza de todas ellas, por la gravedad de los hechos imputados, el exalcalde y hasta la pasada legislatura, mano derecha de Corrales, Lorenzo Sánchez (RRUU). La Fiscalía solicita cinco años de prisión y doce de inhabilitación por los delitos de prevaricación, gestión interesada y falsedad. El número uno de la lista de Roteños Unidos en las elecciones del 24 de mayo y que tras la victoria del PSOE ha pasado a la oposición, se enfrenta a la pena más severa.

Los últimos comicios relegaron del poder a la alianza entre PP y RRUU en el Ayuntamiento de Rota. Además la condena por el 'caso horas extras' llevó a la presidenta de los populares, Eva Corrales, a renunciar a su acta de concejal y a su cargo en la dirección local del partido.

Por eso, la acusación a la que ha tenido acceso lavozdigital afecta especialmente al único político con responsabilidad de Gobierno tras las últimas elecciones: el popular Antonio Peña, quien el pasado sábado revalidaba su cargo después de que por segunda legislatura consecutiva, no fructificara un pacto entre PSOE e IU para relegar al PP.

Los socialistas han sido especialmente críticos con la postura de la portavoz municipal de IU, Isabel Fernández, quien condicionaba el acuerdo a ser ella la alcaldesa, a pesar de que sus posible socios habían sacado un concejal más. Se da la circunstancia que hace cuatro años, el PSOE sí le dio los votos a Isabel Fernández, que se convirtió por 48 horas en regidora, pero finalmente renunció.

La Justicia puede propiciar la salida de Peña si el tribunal de la Audiencia que juzgue el 'caso uniformes' acepta la petición de pena del Ministerio Público, quien solicita para el alcalde de Chipiona nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público.

Le acusa de un delito de prevaricación durante su etapa como edil en Rota por hacer la vista gorda a las adjudicaciones ilegales de las que se habrían beneficiado Lorenzo Sánchez y otros ediles de Roteños Unidos, dando su voto favorable en los plenos municipales.

El resto de imputados, a excepción de Lorenzo Sánchez y Antonio Peña, ya están fuera de la política. Es el caso del que fuera también diputado provincial, Juan Antonio Liaño o Auxiliadora Delgado, exediles del PP o Jesús Corrales, exconcejal de Roteños Unidos. Para ellos, Anticorrupción pide la misma pena que para Peña al otorgarles la misma responsabilidad. Los acusa a todos de un delito de prevaricación.

Por encima de ellos, en un escalón superior, el Ministerio Público coloca a la exregidora de Rota y a la que fuera edil de Roteños Unidos, María del Carmen Laynez. Este caso, que va a sentar en el banquillo a la cúpula del último Gobierno de Rota que permaneció en el poder durante más de una década, le salpica a Eva Corrales por una de las adjudicaciones que ejecutó durante su etapa de edil de Fiestas. Solicita para ella, al igual que para Laynez, una pena de quince años de inhabilitación y cinco meses de cárcel por los delitos de prevaricación y gestión interesada continuada.

Casi 800.000 euros en beneficio

Según Anticorrupción, desde el año 2003, con Lorenzo Sánchez como alcalde, el Consistorio aprobó sucesivos contratos municipales en beneficio de tres empresas Coanda Costuras, Epis Rotasur y Pacheco Puyana. Ésta última formada por las esposas de Sánchez y el exedil de PP, Ismael Puyana. Los tres están acusados. En total, entre 2003 y abril de 2008, estas sociedades facturaron al Ayuntamiento 790.528,99 euros.

Entre los imputados está un hombre de confianza de Sánchez, que fue usado, según las acusaciones, como un hombre de paja para que apareciera como administrador de estas sociedades, aunque en realidad era un simple empleado más.

La Fiscalía detalla una serie de operaciones mercantiles como la «venta simulada» de las participaciones de la esposa de Lorenzo Sánchez en Pacheco Puyana con el único fin, sostiene el fiscal, de tratar de burlar la ley de contratos públicos que le impedía al alcalde hacer negocios con la Administración que dirigía.

La fórmula para que esos contratos (la adquisición de uniformes de trabajo principalmente) acabaran en manos de las mismas empresas no era complicado, por su cuantía podían ser adjudicados directamente sin necesidad de un concurso público.

En el periodo investigado solo se tramitó un contrato mayor en 2004, «y se realizó con un grotesco incumplimiento de la ley», afirma el fiscal. Se aprobó un pliego de condiciones, a pesar de que faltaban documentos esenciales que debieron invalidar el procedimiento como la justificación de la compra de esos suministros, y se dio un plazo de solo cinco días a varias empresas para que presentaran sus ofertas. «Cuando lo normal es conceder un plazo de 14 días y además se tramitó en agosto. Lo que pretendían los acusados era lo que finalmente consiguieron, que no hubiera tiempo material para que se presentaran las ofertas».

La adjudicación que autorizó Eva Corrales como edil de Fiestas evidenciaría qué otros mecanismos se articularon para seguir concediendo contratos a las mismas empresas, intentando salvar los escollos legales. Así, el fiscal destaca cómo la construcción de unas bateas y carrozas para las fiestas se tramitó a través de la empresa pública de aguas porque en caso contrario debían de abrir un concurso público.