La situación de extrema pobreza y necesidad se perpetúa en la provincia

Aplastantes. Demoledores. Así son los datos que revela el VII Informe FOESSA que advierte de que tan sólo el 34% de la sociedad española está en situación de integración plena. El estudio destaca los altos niveles de desigualdad salarial y la limitada redistribución de los impuestos. Acusa al actual sistema de prestaciones de reducido y poco protector porque que no se adecua a las necesidades de los hogares.

Así lo ha desgranado Raúl Flores, sociólogo y miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española que presentó el pasado miércoles en Cádiz este estudio de cabecera sobre la exclusión y desarrollo social. Para los autores, la conclusión es clara: las reformas en el sistema de bienestar social en España, especialmente las desarrolladas a partir de mayo de 2010, han supuesto una regresión en las políticas sociales.

Cáritas ha atendido a más de 1.000 personas sin hogar en la provincia de Cádiz. En España, el Banco de Alimentos ha logrado ayudar a más de 1.500.000 de personas pero el número de excluidos alcanza los 11.746.000, según se constata en el reciente informe. Es decir, uno de cada cuatro ciudadanos carece de derechos fundamentales como la vivienda, el empleo, la educación y la sanidad. En Andalucía, se ha producido un incremento del más del 9% de la desigualdad, una evolución similar a la de España pero más acusada y a la que se suma el hacinamiento grave que padecen el 3,6% de los hogares andaluces donde cada persona de la unidad familiar dispone de menos de 15 m2.

La crisis no está afectando a todos por igual porque se está cebando en los más desprotegidos y está cambiando el perfil de los nuevos pobres. La situación en Cádiz es límite y la fractura social se ensancha. Los últimos datos revelan que el número de familias que acude a centros sociales supone el 16% de la población gaditana. En algunas familias faltan alimentos pero también medicinas. Lo más frecuente son los problemas para adquirir fármacos que ya no cubre la Seguridad Social, la falta de dinero para pagar al dentista y las dificultades para afrontar el copago, apuntan desde Cruz Roja. Son frecuentes la ansiedad, el miedo y los estados depresivos.

Desde las asociaciones advierten del peligro que supone que esta situación se enquiste porque «una persona no acaba en la calle de un día para otro», su vida se va deteriorando poco a poco. «No hay más gente en la calle por el tema de desahucios, a priori, porque no se llega a la calle automáticamente», apunta Miguel Barroso, coordinador del programa para personas sin hogar de Cáritas en la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Lo habitual es alquilar otra vivienda o ir a casa de algún familiar. La recuperación económica no termina de vislumbrarse aunque los indicadores macroeconómicos apunten lo contrario.

El paro ha crecido en 1.419 personas en noviembre en la provincia de Cádiz y alcanza los 193.127 desempleados. Los contratos de Navidad llegan con cuentagotas. La desigualdad se hace endémica. En la provincia, los que más recurren a las organizaciones sociales son hombres (70-80%), españoles y de 45 años de edad media aunque el perfil «se va rejuveneciendo y feminizando» progresivamente, explica Barroso. «Sólo el 34,3% de los españoles vive con normalidad, sin padecer carestías esenciales», mientras que en 2007 la mitad de la población llegaba a esta barrera de mínimos. La pobreza se perpetúa pese al empeño de las asociaciones y la solidaridad de los ciudadanos.

Sin recursos básicos

En los últimos meses se ha hecho especialmente acuciante la demanda de productos de alimentación infantiles. Siguen aumentando las solicitudes de ayuda de familias de clase media. Llegan personas pidiendo lo más elemental: comida, el pago de la factura de la luz, la hipoteca o el alquiler. La vivienda es una de las grandes cargas que tienen que soportar muchos hogares. Se entramparon con los bancos cuando la economía era favorable y podían llegar sin agobios a final de mes. La vivienda es un derecho ciudadano pero «una vivienda es mucho más que tener cuatro paredes y un techo. Hace referencia a la seguridad, al acceso a los recursos básicos, a vivir en un entorno adecuado y tener una red social que te apoye», indica el delegado episcopal de la entidad diocesana Alfonso Gutiérrez.

En España, las veinte personas más ricas poseen una fortuna similar a los ingresos de casi 14 millones de personas, según la ONG Oxfam. Haciendo frente a esta situación de fractura social se encuentra la solidaridad familiar. Una fortaleza que también se recoge en el informe FOESSA y que recalca el cambio de papel de las personas mayores que pasan de recibir «cuidados» a reforzar su rol como cuidadores. Su apoyo al resto de la familia se ha convertido en una fuente de seguridad, por la pensión, la vivienda en propiedad y su lucha para mantener las relaciones familiares.

Entre las propuestas que recoge el estudio destaca la necesidad de establecer un sistema de ingresos mínimos, una renta básica, para familias que han agotado sus prestaciones. Esta iniciativa complementa las acciones de voluntariado y colaboración que se producen cuando el paro y la precariedad son una rutina diaria. En Andalucía, hay en torno a 280.000 familias que viven en hogares sin ingresos. Evitar que queden marginadas, sin trabajo, formación y sanidad es tarea de todos porque la exclusión es un estigma que va más allá de la pobreza.