CASO ERE ANDALUCÍA
El tribunal reprende el tono «arrogante» de la exconsejera Aguayo en el juicio del caso ERE
La antigua titular de Hacienda asegura ahora que los informes con advertencias del interventor contra el sistema de ayudas «no pasaron» por su mesa
La ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, Carmen Martínez Aguayo, ha dado una vuelta de tuerca a su estrategia de defensa en el juicio de la pieza política del caso ERE .
La que fuera también ex viceconsejera de Hacienda entre 2004 a 2009 ha asegurado este lunes en que «no pasaban por mi mesa» los informes en los que la Intervención General de la Administración autonómica advertía del uso de un procedimiento irregular de ayudas. La supuesta ilicitud de este sistema han sentado en el banquillo a esta exconsejera y a otros 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de supuestos delitos de prevariación y/o malversación de fondos públicos.
Tales informes con «alertas», como las ha definido el fiscal, iban dirigidos a la Viceconsejería de Hacienda para su puesta en conocimiento del consejero , que por entonces era Griñán. No obstante, Martínez Aguayo ha esgrimido que «esos informes directamente por mi mesa no pasaron» sino que los leían sus técnicos, quienes no le advirtieron de «ilegalidad alguna».
A través de sucesivos informes sobre las cuentas de la agencia IDEA y de un informe adicional del ejercicio de 2003 notificado en 2005, siendo Aguayo consejera, la Intervención General de la Junta cuestionó el uso inadecuado de las transferencias de financiación , el sistema empleado por parte de la Consejería de Empleo para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Empleo concedía las subvenciones pero el pago de las mismas se derivó a un ente instrumental de la Administración, la agencia IFA/IDEA, sometido a controles menos rigurosos que el presupuesto directamente gastado por la Consejería. El tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla trata de determinar si este método se ideó y mantuvo durante diez años con fines delictivos.
Es la primera vez que Aguayo, que se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación y malversación, realiza tal afirmación. Hasta ahora había esgrimido que no había leído tales informes dirigidos a ella como viceconsejera . Ahora da un paso más y señala que ni siquiera éstos llegaron a su despacho. Delega esa responsabilidad en su equipo técnico. «Tenía un staff cualificado» y eran sus técnicos «las personas que leían los informes de la Intervención» que cuestionaron el procedimiento empleado para financiar las ayudas de los ERE, indicó.
«Ni los interventores actuantes ni mis técnicos me advirtieron de ilegalidad alguna ni requerimiento de actuación », ha contestado a preguntas de la Fiscalía. En el juicio se ha ratificado en la declaración que hizo como investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en abril de 2015. Durante la instrucción del caso por parte de este tribunal, declaró que no se leyó los informes de la Intervención General que alertaban de las irregularidades porque recibía más de 100 informes al año y que nunca entendieron que hubiera que hacer nada ante estos informes.
El momento más tenso del juicio se produjo cuando el tribunal reprendió el «tono arrogante» empleado por Carmen Martínez Aguayo durante el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción, en el que recurrió a expresiones como «ya le he dicho que no» «usted está mezclando cosas» o «como le he contestado anteriormente».
«Está usted contestando en un tono arrogante que no es el adecuado , completamente diferente al de las preguntas que se le están planteando», aseguró el presidente de la sala, Juan Antonio Calle Peña. La acusada ha pedido disculpas al tribunal después de esta llamada al orden. «Lamento que le moleste; no era mi intención», se ha excusado.
Anécdotas aparte, durante el interrogatorio de la Fiscalía la exconsejera ha relatado que despachaba con «énfasis» con el entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán , las medidas de mejoras propuestas por la Intervención General, entre las que estaba la realización de informes trimestrales en el marco del Control Financiero Permanente, sistema que ha defendido Aguayo frente a la fiscalización previa.
Sin embargo, «no despaché con él los informes adicionales» porque «no se nos requería actuar» ante supuestas irregularidades.«Nadie, ninguno de los interventores actuantes vislumbró que hubiera menoscabo de fondos públicos para advertir a la Consejería de Hacienda», ha repetido una y otra vez Aguayo, quien reconoció que sí despachó con el entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, y le comentó «los problemas en general» que detectó la Intervención en su informe adicional sobre la agencia que pagaba las ayudas, IFA/IDEA, notificado a ella en 2005 para su conocimiento por parte del consejero de Hacienda.
No obstante, cuando el fiscal Manuel Fernández Guerra le preguntó si le informó a Griñán de que el sistema de los ERE no se adecuaba al procedimiento reglado y carecía de fiscalización previa, Aguayo contestó que no le había informado «con ese nivel de detalle».
Aguayo ha llegado a defender que el sistema de control de la Intervención de la Junta de Andalucía sobre el programa de ayudas sociolaborales, el denominado control financiero permanente, era incluso mejor que el sistema que establecía la Ley General de Subvenciones , la fiscalización previa. Además, indicó que el papel de la Intervención se vio reforzado durante su etapa y se redobló el personal a su cargo.
El representante del Ministerio Público ironizó sobre las medidas adoptadas por la Consejería al hilo de las advertencias que emitió la Intervención: «¿ En qué mejoraron [las medidas de control] si nadie se leía los informes de seguimiento que se dirigían a la Consejería?».
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