La magistrada Carmen Barrero instruirá la recusación del juez de los ERE

La juez de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla Carmen Barrero Rodríguez será la encargada de instruir la recusación promovida por Manos Limpias y PP-A contra el magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta entre 2008 y 2014 y que ha sido designado como ponente del juicio contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la 'pieza política' de los ERE fraudulentos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado en un comunicado de que el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez, ha comunicado en la mañana de este viernes a la magistrada Carmen Barrero Rodríguez que, por turno de escalafón, es a la que corresponde instruir la recusación presentada contra Pedro Izquierdo.

Una vez la magistrada concluya la instrucción y emita su correspondiente propuesta, la encargada de resolver la recusación será otra Sección de la Audiencia de Sevilla, en concreto la Tercera o la Séptima, ya que la Cuarta está descartada porque la instructora pertenece a la misma y la Primera tampoco puede resolver al formar parte de ella el juez recusado.

El magistrado Pedro Izquierdo ha rechazado abstenerse como ponente del juicio pero ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla que valore la «perturbación» generada en la actividad «ordinaria» del tribunal tras las recusaciones planteadas por Manos Limpias y PP-A.

En un informe, consultado por Europa Press, el magistrado considera «procedente» que sea la Sala a la que corresponda conocer de los incidentes de recusación la que, «valorando todas las circunstancias expuestas por las partes personadas y en este informe, resuelva lo que considere procedente».

Todo ello «incluso frente a mi percepción subjetiva de poder ejercer de forma responsable mis obligaciones profesionales como presidente de la Sala y ponente», expone el juez Pedro Izquierdo en el informe.

Izquierdo advierte de que, a raíz de ambas recusaciones, «no sólo se ha visto ya perturbado el sosiego y tranquilidad con la que como ponente debería haber comenzado a abordar el estudio de las actuaciones para su posterior enjuiciamiento con la Sala, sino también, el que como consecuencia de la forma de cuestionar» su inclusión en el tribunal, «se ha visto éste también afectado, al proyectarse de forma persistente una sospecha generalizada sobre si concurrirían las garantías necesarias para afrontar la celebración del juicio».

«Es cierto que mi continuidad en el tribunal conociendo del procedimiento va a suponer el tener que afrontar por mi parte un reto de abstracción de todo lo sucedido que, aunque vencible, pudiera pensarse que de no lograrlo podría implicar un riesgo de que el enjuiciamiento de las conductas investigadas no se llevara a efecto de forma adecuada, no sólo respecto a las pretensiones de los recusantes sino también en cuanto a las planteadas por los encausados y encausadas», admite.