Traslado de cajas con los papeles de Salamanca en 2006
Traslado de cajas con los papeles de Salamanca en 2006 - REUTER

La cesión de papeles de la Guerra Civil divide a la Junta de Andalucía y al Estado

El Gobierno central recela de la transferencia de documentos prevista en la Ley de Memoria Histórica de Andalucía

SEVILLAActualizado:

La Junta de Andalucía quiere que el Estado le devuelva los documentos confiscados por las tropas de Franco en esta Comunidad para incorporarlos a su particular archivo histórico de la Guerra Civil y de la dictadura. Como sucedió con Cataluña en el largo y bronco contencioso que mantuvo a cuenta de los famosos «papeles de Salamanca», Andalucía puede reclamar aquellos que considere suyos.

Desde el pasado mes de marzo cuenta con una norma que da cobertura al retorno de estos fondos: la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que fue aprobada por el Parlamento con los votos del PSOE, Podemos e IU y la abstención del PP y Ciudadanos.

Pero el Gobierno central recela de esta reivindicación, que será objeto de análisis y negociación entre ambas administraciones. Ha manifestado «discrepancias» con dos apartados de la disposición adicional tercera de la citada ley.

Las reservas del Ejecutivo se centran en la facultad del Gobierno de la Junta de Andalucía para emprender «en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perteneciente a la Administración del Estado en relación con la Memoria Democrática de Andalucía se transfiera al Archivo General de Andalucía». Quedan excluidos los archivos judiciales, que «se regirán por su normativa específica».

Según especifica el acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo,Prevención y Solución de Controversias donde están representadas ambas instituciones, también planean las dudas jurídicas sobre el tercer apartado. Éste permite al Consejo de Gobierno impulsar «las medidas necesarias, en colaboración con las administraciones públicas, para la recuperación del patrimonio documental en materia de memoria democrática incautado por las fuerzas golpistas en Andalucía durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y su incorporación al Archivo General de Andalucía».

Fuentes de la Consejería de la Presidencia restan importancia a esta «disparidad de criterios» y aseguran que se negociará «dentro de la normalidad». El anuncio publicado en el BOJA indica, además, que se designará un grupo de trabajo para buscar una solución y que el acuerdo será comunicado al Tribunal Constitucional.