El juicio se ha celebrado en la Audiencia de Jaén
El juicio se ha celebrado en la Audiencia de Jaén - Miró
Sucesos

Ocho personas se declaran culpables de un delito contra los derechos de los extranjeros

El tribunal impone a siete de ellas una multa de 1.350 euros tras modificarse la tipificación del delito

JaénActualizado:

El fiscal pedía en principio 6 años y medio de cárcel para 10 personas acusadas de intentar regularizar inmigrantes ilícitamente, pero finalmente han sido condenados al pago de una multa. Del total, ocho de ellos han aceptado declararse culpables de un delito menor. Los otros dos no han asistido a la vista, aunque uno se adherirá al acuerdo, que obliga a siete procesados a pagar 1.350 euros por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La sanción para el otro acusado es de 450 euros.

Los acusados se han beneficiado de la reforma del Código Penal que prevé condenas menos severas que el anterior por el delito. Además, al no quedar acreditado que formaran parte de una banda organizada, el ministerio público ha rebajado sustancialmente su propuesta de condena tras modificar la exposición de los hechos que han propiciado el juicio.

En concreto, según el fiscal, desde el verano de 2015 al primer trimestre de 2016 los enjuiciados llevaron a cabo actos ilícitos para propiciar que inmigrantes marroquíes permanecieran en España, a pesar de no cumplir los requisitos. Entiende, no obstante, que no hubo una operación fraudulenta diseñada por el conjunto de los acusados, sino actos individuales, sin relación, lo que resta gravedad a los hechos.

La fiscalía, en sus conclusiones, considera probado que las personas enjuiciadas prestaron apoyo a inmigrantes para que la administración creyera que eran descendientes de saharauis nacidos cuando el desierto era una colonia de España, a fin de que, en función a sus derechos, consiguieran la nacionalidad. A cambio, según el ministerio público, percibían dinero de los marroquíes, a los que ayudaban con los trámites administrativos para conseguir la documentación preceptiva para afincarse en España.

La propuesta de la fiscalía, y el consiguiente fallo de la sección tercera de la Audiencia, ha sido aceptada por el conjunto de los acusados que ha acudido a la vista, quienes se han mostrado conformes con la multa impuesta, cuyos abogados defensores han destacado que el acuerdo alcanzado deja claro que, aunque sus clientes han ayudado a los inmigrantes, no les han cobrado por las gestiones ni han falsificado documentación.