ANÁLISIS
Medina Azahara, ante la Unesco: quince años contra las parcelaciones sin ningún resultado práctico
Las instituciones han creado tres oficinas técnicas, un censo de viviendas y un plan de expropiaciones que tumbó el Supremo
LA Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba llevan quince años dando vueltas a las parcelaciones que rodean Medina Azahara y que los asesores de la Unesco han pedido expresamente controlar. A lo largo de todo este tiempo, ha pasado mucho pero no ha ocurrido nada. Tres comisiones técnicas, varios planes de trabajo e incluso un programa de expropiaciones. Nada ha fructificado.
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Todo arranca en torno a 2003, pasadas las elecciones municipales en las que Rosa Aguilar consigue gobernar con mayoría simple. La Gerencia de Urbanismo lanza el plan especial de las Pitas, la parcelación más cercana a Medina Azahara de las tres existentes, a sabiendas de que la Junta va a sacar los cañones. El proyecto establece la dotación de servicios básicos (agua, luz y alcantarillado) en suelo protegido. Cultura salta como un haba tostada. Afirma que dotar de servicios es fijar la población que se ha creado progresivamente en los años noventa, donde la exconsejera Carmen Calvo llegó a proponer al Ayuntamiento un patronato internacional para Medina Azahara a cambio de paralizar el proceso de parcelaciones.
La primera comisión
Urbanismo paraliza el expediente y ambas instituciones crean la primera comisión técnica. Las reuniones se suceden sin grandes novedades. Los vecinos quieren servicios, el Ayuntamiento está dispuesto a dárselos y la Junta no quiere hablar del asunto. Interviene por primera Icomos España, que lanza un polémico dictamen en el afirma que las parcelaciones son un problema paisajístico de primer nivel. El dictamen no pasa desapercibido porque acusa directamente a la Junta y al Ayuntamiento de realizar «una dejación de funciones» en torno al yacimiento, que ahora está en los tramos finales de la carrera al Patrimonio Mundial. El dictamen advierte seriamente contra la dotación de servicios y surge una primera idea de crear un parque metropolitano en la zona tras un proceso de expropiaciones. La Junta no quiere pagarlo y el Ayuntamiento, pues tampoco. Y el gran parque cultural a las afueras de Córdoba se queda en eso, unas palabras.
En 2008, es el consejero Juan Espadas, hoy alcalde de Sevilla, quien toma la primera medida ciertamente audaz en la zona. Declara los suelos libres de interés social. Eso significa que puede realizar adquisiciones forzosas con el objetivo de que la Administración se quede con las parcelas no construidas de las parcelaciones. Suman unas diez hectáreas de terreno. La Junta cree que es una forma para asumir la propiedad gradualmente hasta el momento en que se pueda llevar a efecto una operación de mayor calado. Se trata del gran golpe de efecto de la Junta para apretar las tuercas tanto a los propietarios de viviendas de la zona
La oficina técnica
De forma paralela, en 2009, la Junta crea por primera vez una oficina técnica. Son arquitectos que se dedica a realizar un censo de parcelas lo que lleva a establecer la existencia de 292 casas en la zona. La realidad socioeconómica de ese entorno ha cambiado y lo que era un lugar de segundas residencias se ha convertido en barriadas de primera vivienda. Propiedades como hay miles en Córdoba. La idea era la de llegar a un acuerdo entre instituciones que sirviese para alcanzar alguna realidad que a su vez tardó en llegar. La oficina técnica se deshizo en silencio. Se optó por crear en 2011 una comisión técnica que, ésta sí, tenía que generar un documento de propuestas sobre la ordenación del sector.
La comisión técnica tenía un mandato de tres años y, una vez llegado a su fin, nunca se renovó. Sí que entregó una propuesta que se tomó en cuenta relativamente. Consideraba que había que realizar un parque metropolitano —similar al del Alamillo en Sevilla— aunque en los suelos libres entre las parcelaciones. El resto, eran una serie de propuestas relativas al ocio, a los paseos o las rutas en bicicleta en función de su cercanía con el monumento dividiendo el territorio en seis «distritos». De facto, se trataba de un desarrollo del Plan Especial de Protección de Medina Azahara y del decreto de zona BIC, que se amplió con Carmen Calvo del canal del Guadalmellato hasta la carretera de Palma.
El POT nunca llegó a aprobarse y el parque que tenía acolchar Medina Azahara se quedó en nada
El parque metropolitano se paseó por distintos despachos. Lo puede atestiguar la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, que entonces era delegada del Gobierno. A ella le correspondió las negociaciones con los alcaldes de la periferia porque esa propuesta pasó a un documento de planeamiento: el avance del Plan de Ordenación Territorial de la aglomeración urbana de Córdoba. Técnicamente, la capital tiene un área metropolitana de influencia y políticos como Francisco García, que fue delegado de Obras Públicas hasta su caída en desgracia en el PSOE, se ocuparon de darle consistencia a esa idea. El POT nunca llegó a aprobarse y el parque metropolitano que tenía que acolchar Medina Azahara se quedó en nada. La Junta no era capaz de sostener unas obras como las del Salón Rico tras la construcción de la sede institucional y ni siquiera podía pararse a pensar en una operación urbanística como esa. El parque metropolitano también fue «adquirido» por la oposición. En el programa electoral del PP elaborado en 2011 aparecía como una promesa a desarrollar.
Y así se llega al año 2014. El plan Espadas para adquirir las parcelas libres se ha empantanado en los tribunales. Los vecinos de las zonas afectadas llevaron el asunto a los juzgados lo que obligó a paralizar la adquisición efectiva de parcelas. Conclusión: el Supremo decidió tumbar el decreto. La sentencia consideraba que la Junta nunca llegó a establecer una relación cauda-efecto entre la existencia de viviendas sin licencia y el desarrollo del monumento. Contribuyó a ello con que algunas de las casas ya estaban cuando el suelo protegido decidió ampliarse. Fue un caso de protección sobrevenida que complicó de forma técnica la situación.
La salida pobre
La salida que se adoptó de cara a la candidatura de la Unesco fue la de reconocer la realidad existente. Las denuncias y las sentencias penales paralizaron la construcción de viviendas en la zona que en algunos años. En 2009, se contabilizaban unos 520 vecinos, lo que implicaba un incremento del 125 por ciento del padrón. Un dato de relevancia es que en 2002 se aprueba la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía por la que las multas por construir en esta zona ascienden al doble del valor de lo ejecutado concluyendo con la vieja práctica de pagar la sanción y quedarse en paz con la Administración.
Vista esta situación, se optó por decirle a la Unesco que se crearán pantallas arboladas y se aprovecharán los caminos actuales para generar itinerarios peatonales. Los grandes parques metropolitanos ya son parte de las páginas de periódicos viejos. Las expropiaciones, fruto de aquellas propuestas que nunca salieron. El informe de la Unesco sobre Medina Azahara reclamará que se establezca un calendario de acción con objetivos específicos sobre qué hacer para mitigar el efecto de las viviendas sobre el monumento. Quince años después es lo que queda.
