La fundación Guadalquivir Futuro intentó borrar las huellas de su desvío de fondos

La fundación Guadalquivir Futuro, afín al PSOE e investigada por desviar dinero de contratados para parados del plan Emple@, intentó borrar las huellas de sus prácticas laborales desde el momento en que ABC publicó por primera vez que los trabajadores tenían que donar parte de su sueldo, correspondiente a una reducción de la jornada laboral de ocho horas a seis.

Este periódico ha tenido acceso a algunas de las declaraciones realizadas por extrabajadores de la entidad y al cuerpo documental probatorio con el que han trabajado los responsables de la investigación interna abierta por la Junta de Andalucía. La conclusión es sencilla: el 24 de junio, fecha de la publicación de la primera información sobre el tema, los responsables de la organización entraron en pánico.

Dos son las reacciones que relatan los extrabajadores que tuvieron que padecer. Quienes fueron señalados como los responsables de la denuncia fueron separados del resto del grupo y enviados a unas dependencias a acabar sus contratos de trabajo sin comunicación con el resto de sus compañeros. Al resto, se le colocaron por delante unos documentos que desmentían el relato de hechos realizado. Es decir, los trabajadores tenían que firmar documentos en los que aseguraban que habían tenido una jornada laboral de ocho horas. Los testimonios escritos incluidos en la investigación aseguran que los empleados decidieron «no mentir» y, por ende, no firmar esos papeles que habrían certificado una relación normal.

«No firmaré nada que no sea cierto». La frase se repite en las declaraciones de los extrabajadores que fueron directamente interrogados, según la versión que han registrado ante el funcionario de la Junta de Andalucía que ha llevado a la investigación reservada, que ha coordinado la Dirección General de Políticas Activas de la Consejería de Empleo. La clave es que los trabajadores no pudieran probar lo que estaban denunciando. De hecho, tal y como apareció la primera noticia en este periódico, los responsables de la fundación, presidida por Ángeles Muñoz (que fue en la lista del PSOE a la Alcaldía con Juan Pablo Durán) y dirigida por Cristian Muñoz (secretario de las Juventudes Socialistas en la capital y que fue en la candidatura de Isabel Ambrosio), decidieron que todo el mundo tenía que trabajar ocho horas.

La coartada de la fundación

La finalidad, también, era despojar a los empleados de cualquier forma de probar que habían tenido que donar una parte de su salario. Los trabajadores, supuestamente, iban a recibir un certificado para entregar a Hacienda y que pudiesen justificar como donativo la parte que no habían percibido. En sus declaraciones, afirman que ese documento nunca les ha llegado y algunos aseveran que se les negó.

Algunos testimonios aseguran que se les negó también copia del documento vinculante que tenían que entregar a la organización para comprometerse a pagar una parte relevante de sus sueldos, salido de un programa de fondos públicos que solo está previsto para contratar a personas desempleadas. Tanto dinero estuvieron pagando que uno de los trabajadores asegura en su declaración jurada que pagaba más de «donativo voluntario» que por el alquiler de su vivienda. A una empleada que se había comprometido a pagar todos los donativos de una vez, se le condona el pago de la cantidad.

La documentación aportada de carácter probatorio es, por tanto, indirecta. Por un lado, las copias de los acuerdos que se establecían para que los empleados pagasen. Por otro, una gran cantidad de documentos bancarios. Transferencias mensuales o bimestrales con los que los empleados de la fundación cumplían con el donativo «voluntario». Otros han presentado documentos de sus oficinas bancarias con todos los movimientos de las cuentas corrientes para constatar a quién hacían las transferencias y cuándo. También han aportado, quienes así lo hicieron, los documentos para bloquear los abonos.