Una comisión detecta irregularidades en la residencia pública de Montoro

Las sacudidas en torno a la gestión de la residencia de anciamos de la Fundación Jesús Nazareno de Montoro , propietaria de la institución gerátrica de la localidad, no son nuevas. La última implica a Antonio Sánchez Villaverde , ahora parlamentario andaluz, y la actual alcaldesa, Ana María Romero Obrero , en la actualidad presidenta del patronato y responsable de la dirección de la entidad, como recoge el informe de conclusiones emitidas por la comisión de investigación creada sobre esta materia.

Para entender la situación actual del entramado gestor de la residencia de mayores de Montoro, es necesario recordar que la Sociedad Cooperativa Andaluza El Yate era la empresa responsable de su gestión desde el año 2004, y cuyo contrato no expiraba hasta el año 2034. En junio de 2016 todo comenzó a tambalearse. El día 13 de junio, Miguel Peláez, presidente de El Yate, comenzó una huelga de hambre que duró nueve días «como protesta al bloqueo en la gestión de la residencia , por parte de la fundación» ya que, «en septiembre de 2015, la presidenta de la fundación, dejó de abonar las facturas relativas a la alimentación de los ancianos , alegando su oposición a la introducción de menús ecológicos, provocando una deuda de cientos de miles de euros», explicó.

Pese al ánimo de llegar a un acuerdo, el consenso nunca llegó, por lo que tuvo que ser la propia alcaldesa de Montoro , quien, desde enero de 2017, asumiera la dirección de la gestión de la residencia de mayores, entonces responsabilidad de Nieves Fernández Tagarro, despedida tras la ruptura contractual con El Yate.

Antes, nuevo zarpazo a la credibilidad de la gestión de la residencia. Un escrito anónimo, con fecha de 19 de noviembre de 2016, se hace llegar a los 13 concejales-patronos encabezado como sigue: «Información urgente para patronos de la Residencia Jesús Nazareno», en el que se exponían 22 puntos explicativos sobre «la situación real e insostenible que se está viviendo en la residencia Jesús Nazareno de Montoro».

En concreto, alguno de los puntos recogidos, denuncian «tratos vejatorios con cada una de las trabajadoras de manera continua; se obligó a las trabajadoras en el año 2012 [con el anterior alcalde en el poder] a aceptar un ERTE para reducir gastos de la residencia» e incluso «se presionó a las empleadas a firmar escritos apoyándola (a la directora) ante cualquier adversidad que se le presente a nivel profesional».

Los patronos y trabajadoras exigieron a la presidenta y alcaldesa una reunión urgente para aclarar los hechos, logrando la constitución, el día 14 de febrero de 2017, de una comisión de investigación de la residencia, que finalizó sus trabajos de análisis, el pasado día 30 de mayo. Contó con nueve sesiones y tomó declaración a ocho comparecientes. Finalmente, las conclusiones extraídas «son bastante contundentes y, presuntamente, contienen indicios delictivos», explica Luis Navarro.

Según el informe, «ciertas personas con responsabilidad en el día a día de esta residencia han estado utilizando materiales, medios humanos, un vehículo, productos higiénico-sanitarios o alimentos con fines lucrativos y a veces comerciales en beneficio propio, sin el control del presidente de turno en el patronato de la fundación», detalló Soriano. Al parecer, la gestión de la residencia de mayores, y la gerencia de la cooperativa cordobesa Ilígora, dedicada a la atención sociosanitaria y ayuda a domicilio, la lideraba la misma persona mediante contratos de consultoría . La regidora montoreña ha declinado realizar declaraciones sobre la gestión de la entidad.