José Antonio Viera, el pasado 7 de abril tras declarar
José Antonio Viera, el pasado 7 de abril tras declarar - ignacio gil
CASO ERE

La rebelión de Viera abre una crisis en el seno del PSOE

Chaves y Zarrías tantean aplazar su marcha, hasta la vista de sus recursos

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Todo lo que el PSOE había orquestado el jueves cuando se conoció la imputación del Tribunal Supremo de Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera para salvar la honra política y mantener su discurso anticorrupción se vino abajo ayer. Porque el que fuera mentor político de Susana Díaz puso en marcha una operación de defensa que no había sido calculada. José Antonio Viera provocó una tormenta política y anunció que no va a renunciar a su acta en el Congreso para seguir siendo juzgado por el Tribunal Supremo.

Conocedor de las normas internas del PSOE -ha sido una figura política de primer orden en el partido-, José Antonio Viera presentó su renuncia a la militancia en la sede del PSOE de Sevilla -donde ostentó su poder desde 2004 a 2012-, zafándose así de toda autoridad moral o política sobre él, y yéndose a formar parte del grupo mixto en el Congreso.

Según él mismo dijo, se trata nada más que de defender sus intereses judiciales, muy complicados en este momento ya que el juez Barreiro lo ha acusado de prevaricación y malversación, delito que lo puede llevar a la cárcel.

Pero Viera no era el único problema este viernes. Porque ni Manuel Chaves ni Gaspar Zarrías habían presentado formalmente sus renuncias a sus actas de diputados a pesar haber sido anunciado oficialmente por el PSOE federal.

Además, hicieron público un comunicado en el que reivindican su gestión: manifiestan una «total discrepancia» con la inculpación, exigen al Supremo que la instrucción se haga con «rapidez» y manifiestan «su profundo sentimiento de orgullo», por las medidas socio-laborales que adoptaron para apoyar a empresas y trabajadores. «Sirvieron», dicen ambos, para ayudar a Andalucía y que en los tiempos más duros de la crisis más de 6.000 trabajadores y sus familias «hayan podido sobrevivir». Una reivindicación que ponía de manifiesto la enorme brecha abierta entre ellos y los actuales dirigentes del PSOE, todos hijos políticos suyos. Nadie, excepto presidenta del partido a nivel federal y andaluz, Micaela Navarro, y el consejero de la Presidencia Manuel Jiménez Barrios y éstos al ser preguntados por la prensa, tuvo el más mínimo reconocimiento para quienes han creado el PSOE moderno y la estructura de la Junta.

Un paso adelante que supone para Pedro Sánchez una bomba de relojería a cinco meses de las elecciones generales. Prueba de ello es que ayer, a mediodía, el líder socialista lograba disimular a duras penas su contrariedad. Se enteró en el peor momento y de la peor forma: durante un cóctel al que había convocado en el Museo del Traje de Madrid a directores de medios de comunicación y periodistas para presentar el Comité de Expertos que van a redactar el programa del PSOE.

Un movimiento que, sin embargo, no pilló a nadie desprevenido en el PSOE andaluz. Fuentes consultadas por ABC explicaban que habían llegado a un pacto antes de conocerse su imputación formal: dejarían el acta de forma voluntaria y lo anunciarían en público pero no lo harían formalmente hasta no presentar un recurso ante el Supremo. Una estrategia para seguir adscritos a este órgano judicial.

El pacto

Un acuerdo al que Pedro Sánchez (y su ejecutiva federal) estaba completamente ajeno y que dejó en mal lugar a su número dos, César Luena, que fue quien anunció rápidamente que todos los imputados dimitían como diptuados. En una conversación informal, el líder socialista insistió en que la petición de que entreguen el escaño es para que haga efectiva «de manera inmediata». Dijo que el jueves fue un día «muy duro y doloroso» para él como secretario general, por tener que exigir el escaño a quien ha sido presidente del partido, pero aclaró que, de momento, no va a pedir ni a Chaves ni a Zarrías que dejen de militar en el partido.

La postura de Susana Díaz era completamente distinta. Mucho más fría y sin referirse en ningún momento ni a Manuel Chaves, ni a Zarrías ni a Griñán. La presidenta andaluza repetía su discurso anticorrupción: «No va a haber ningún diputado del PSOE imputado en ninguna cámara; he cumplido mi palabra», un mensaje directo a Ciudadanos que lo recogió de manera inmediata explicando que la decisión de Viera no afecta al acuerdo de investidura con el PSOE andaluz, ya que no pertenece al partido y sus dirigentes le han exigido el acta, que es lo máximo que pueden hacer ya que los cargos electos son sus propietarios.

Rompiendo con el pasado, Susana Díaz dijo que el fraude de los ERE no volverían a ocurrir hoy en día, dejando a un lado la sombra de la comisión de investigación sobre el fraude de la formación, donde hay más del triple de fondos públicos en juego.

Preocupación de las bases

La crisis en el seno del PSOE no sólo llegaba a las altas esferas sino que también abría varios frentes entre los militantes y entre quienes han formado parte de los cuadros del partido y ahora se sienten abandonados. Algunos de ellos -Antonio Fernández, Enrique Rodríguez Contreras, Antonio Rivas y Ramón Díaz (por cierto, todos del entorno de Viera)- habían sido obligados por el PSOE a dejar su militancia y abandonar el partido tras ser imputados, lo que no ha ocurrido con Chaves o Zarrías. Otros se quejaban de cómo se agradecían los servicios prestados y de la falta de identidad de un PSOE que no tenía discurso político ante la contrariedad.

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