El testigo clave dice que Ojeda montó un «emporio»

El exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda, creó «un emporio» con los cursos de formación difícil de justificar. Esa fue una de las afirmaciones que ayer lanzó el testigo clave de esta investigación ante la juez Mercedes Alaya que, tras más de treinta horas de testimonio en seis jornadas, finalizó su comparecencia.

Así, el que fuera jefe del departamento de Formación de la Junta de Andalucía, T. M., aseguró a preguntas de la defensa del exconsejero Ojeda que le cuestionó sobre la entidad Prescal (del anterior) que acudió a uno de los centros que éste tenía en Sevilla y pudo comprobar que presentaba «deficiencias de homologación». «De ahí al emporio que actualmente tiene formado hay un camino difícil de justificar», dijo en referencia a los 33 millones de euros que las empresas del exconsejero lograron en cursos.

E insistió en que el citado «emporio» lo ha logrado «gracias a los rendimientos obtenidos en la formación y por el trato recibido».

De hecho, el funcionario recalcó que durante su visita comprobó como los espacios habilitados para las aulas no se adecuaban a los cursos o los servicios sanitarios no se ubicaban en la planta en concreto pese a que la norma así lo estipula. Y, en cuanto a la accesibilidad, «había unos escalones que para una persona en silla de ruedas serían imposible su acceso».

El testigo también dijo que la exdirectora general de Formación, Teresa Florido (cuñada de Ojeda) pudo tener una «influencia clara» para que las empresas del exconsejero tuvieran el mayor número de homologaciones posibles para los cursos. T. M. lo definió como un «trato singular» con respecto al resto de entidades formativas.

Además el funcionario aseguró que desde que él entró en Formación Profesional «la capacidad de gestión de las entidades con respecto al protocolo de presentar documentación deja bastante que desear». Y fue mas allá al hablar de «relajación absoluta de controles» como el hecho de evitar visitas, evitar controles mas exhaustivos y detallistas. Y ello, según recalcó, «lleva a innumerables irregularidades» tanto en el alumnado como en los contenidos de las acciones formativas». Según dijo, los cursos estaban «muy bien pagados» y puso como ejemplo que «pudiendo ir en un Mercedes se va en un Biscuter». Y también que las entidades cobraban dos veces, uno cuando reciben la subvención y otra cuando reciben los materiales.

La juez, que declaró impertinentes varias preguntas de la defensa, pidió al testigo que aporte los «múltiples informes poniendo de manifiesto todas estas irregularidades que ha denunciado estos días, a lo que éste contestó que ahora mismo no los tiene en su poder pero que se los entregará cuando los tenga.

El testigo insistió en que, tras seis o siete años esperando que alguien le oyera, llegó al juzgado de Alaya para formular denuncia y que primero denunció los hechos ante sus superiores «hasta el punto de ser separado del servicio». Luego, según su testimonio, ante la junta de personal, ante los sindicatos y ante los distintos agentes sociales de todo tipo de índole «donde podría caber esperar alguna reacción en algún sentido». Una vez finalizada la declaración habrá que estar atentos a los próximos pasos de la juez. Fuentes judiciales aseguran que ya edacta un nuevo auto.