La ley francesa contra las «noticias falsas» se vuelve contra el propio gobierno
Amparándose en la nueva normativa de transparencia en redes sociales, Twitter bloquea una campaña institucional
Los procesos electorales previstos en Europa para las próximas semanas van a mirarse con detenimiento si existen posibles impactos de las redes sociales como catalizadores de bulos y mentiras que puedan influenciar a los votantes.
La ley francesa contra las llamadas « fake news » o «noticias falsas» ha tenido un efecto inesperado; Twitter, conocida red de micromensajes, ha bloqueado incluso la publicidad institucional del gobierno de Francia prevista para convencer a los ciudadanos a registrarse en las listas electorales de cara a las elecciones europeas del 26 de mayo .
La campaña institucional se apoyó en un «hashtag» «#Yuijevote» y diversos «tuits» patrocionados por el gobierno local, que tuvieron escasa repercusión al entender la plataforma de mensajes que estaba debía acogerse a la reciente normativa frente a la desinformación . Se produjo, por tanto, un curioso efecto rebote. Una decisión que ha provocado el enfado del gobierno.
«La prioridad de Twitter debería ser luchar contra el contenido terrorista, no las campañas para participar en las listas electorales de una república democrática », defendió Christophe Castaner, ministro del Interior, quien aseguró que se trata de una «campaña de información pública» y no una publicidad política.
Aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional francesa , la ley «sobre la manipulación de la información » exige que las principales plataformas digitales (Google, Facebook, Twitter...) proporcionen información transparente sobre los anuncios políticos que distribuyen a fin de evitar la manipulación informativa y una posible interferencia electoral. «No es que la ley se vuelva contra nosotros, es un agente [por Twitter] que no la cumple », defienden desde el gobierno.
Esta ley francesa obliga a que las empreas tecnológicas informen públicamente la inversión destinada a los mensajes electorales y poner a disposición de los votantes un registro online con la información sobre la identidad de los promotores de estos anuncios electorales.
