El «procés» paraliza los grandes proyectos educativos de Cataluña
Los sindicatos acusan al Gobern de «sacrificar la enseñanza por el secesionismo»
«En los últimos años, por desgracia, se ha hablado poco de enseñanza en el mundo educativo», afirma un maestro en una conversación informal con este diario apenas 24 horas después de las elecciones del pasado 21 de diciembre. No es una opinión aislada. La comparten muchos miembros de la comunidad educativa que han visto como desde la etapa final de la exconsejera Irene Rigau en el departamento , que coincidió con la consulta del 9-N; hasta el último y precipitado mandato de la consejera Clara Ponsatí , destituida tras declararse la DUI y que se fue a Bélgica arropando al expresident Puigdemont, muchos de los proyectos educativos más ambiciosos anunciados desde la etapa del tripartito (PSC- ERC e ICV) se han paralizado.
El ambicioso plan anunciado por Rigau en 2012 para eliminar en solo dos años los barracones (llevamos varios años con más de un millar de estas instalaciones en funcionamiento) ha quedado olvidado en la memoria. «Estas infraestructuras se han ya cronificado en la educación pública catalana», denuncian en declaraciones a ABC fuentes sindicales. Acusan al Govern de «haber sacrificado la enseñanza por el secesionismo ». La federación de Enseñanza de CC.OO., uno de los sindicatos mayoritarios en el sector, recuerda a ABC otros incumplimientos más recientes que han quedado aparcados en estos últimos años, coincidiendo con el estallido del denominado «procés». Destaca, entre ellos, el anunciado Decreto de Evaluación de Secundaria, que el Govern se comprometió a poner en marcha este curso y que, según C. OO. , «solo se han hecho cursos de formación a los docentes».
«Tendremos orden propia»
El decreto fue anunciado en abril de 2017como una alternativa de la Generalitat al nuevo poryecto de Real Decreto el Gobierno por el que se regulan las condiciones para obtener los títulos de ESO y Bachillerato.
«Tendremos nuestra propia orden de evaluación de secundaria, la aplicaremos el curso 2017-2018 y estará basada en el currículo ya desplegado», dijo el entonces secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Antoni Llovet. El controvertido decreto de comedores escolares, que regula la gestión de esos espacios y que debía estar listo antes de fin de 2017, ha sido otro de los proyectos sacrificados por la «politización» educativa.
La última consejera, Clara Ponsatí, ya anunció antes de abandonar precipitadamente la consejeria que era «difícil» que el nuevo decreto, que sustituiría al vigente desde 1996, estuviera listo en el tiempo previsto. «La intención es que entre en vigor el curso 2018-2019», dijo a los periodistas tras justificar el retraso. Fuentes de la consejería de Enseñanza consultadas por este diario mantienen que «los dos proyectos siguen en marcha» aunque admiten que «avanzan con retraso». «En el caso del decreto de Evaluación hemos querido empezar por la formación del profesorado, pero no está congelado», precisaron. Respecto al de comedores, se limitaron a afirmar que «se está trabajando en el primer borrador».
Decretos al margen, el sindicato UGT de Cataluña reprocha la Generalitat el haber hecho «oídos sordos», espcialmente en estos últimos años, a reivindicaciones de hace años de la central como la «generalización en el sistema de los centros integrados de FP» o la «jornada intensiva».
La Consejería afirma que los proyectos no se han parado, «solo avanzan con retraso»
«Lo de los barracones es una batalla de hace años que aún se mantiene», precisan a ABC fuentes de este sindicato. Las sospechas de los sindicatos sobre la «politización» de la enseñanza se confirmaron definitivamente en la «precipitada» aprobación del proyecto «Ara és demà» («Ahora es mañana»), la piedra angular sobre la que el Govern pensaba armar el futuro modelo de enseñanza. En julio de 2016, la entonces consejera del ramo, Meritxell Ruiz –la primera consejera que logró mejorar sustancialmente las arcas de su departamento–convocó formalmente al Consejo Escolar de Cataluña (CEC), órgano de máxima representación de la comunidad educativa para exponerle el documento.
Proyecto «de país»
El proyecto, que fue presentado formalmente en el Palau de la Generalitat en un acto solemene presidido por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , se articuló en base a cinco ponencias realizadas por reconocidos expertos. Éstas debían debatirse en el seno de la comunidad educativa y dar lugar a un documento final sobre el que construir el sistema de enseñanza de una hipotética Cataluña independendiente.
En julio de 2017 los sindicatos y las asociaciones de padres dieron, en bloque, la espalda al proyecto. Lo rechazaron por tres razones: porque «el proceso no parte del consenso» , «no tiene en cuenta las actuales necesidades educativas» y «responde más a fines políticos que a estrictamente pedagógicos».
