Los proabortistas juzgados por irrumpir en una iglesia de Palma alegan que desconocían que ello fuera un delito

El juicio contra los seis jóvenes —cuatro mujeres y dos hombres— acusados de irrumpir hace dos años en la iglesia de Sant Miquel de Palma con proclamas a favor del aborto ha empezado este jueves en la Audiencia Provincial. Todos ellos se enfrentan a posibles penas de cárcel de entre un año y medio y cuatro años de prisión por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Una de las acusadas ha afirmado ante el tribunal que ella no participó en aquella protesta y los cinco encausados restantes han alegado que desconocían que su acción de protesta fuera un delito y también que cuando entraron en la iglesia no sabían que se estuviera celebrando una misa.

Entre la treintena de personas que esta mañana han acudido a la Audiencia Provincial a mostrar su apoyo a los encausados se encontraban dos altos cargos de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, en concreto, la regidora de Función Pública, Aurora Jhardi, y el concejal de Igualdad, Aligi Molina.

En el presente mandato, gobierna en Palma un tripartito presidido por el socialista José Hila y conformado por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Som Palma, que es la marca blanca de Podemos en la capital balear.

El asalto que ha empezado a ser juzgado este jueves ocurrió el 9 de febrero de 2014. En aquella fecha, varias decenas de personas entraron en la parroquia de Sant Miquel poco después de que hubiera empezado la misa del mediodía. Los encausados avanzaron por la iglesia mientras gritaban «Fuera rosarios de nuestros ovarios» y «¡Libre y gratuito, aborto!». Tras vivirse momentos de gran tensión, el sacerdote que estaba oficiando la eucaristía, personal de la parroquia y diversos feligreses evitaron que los asaltantes consiguieran llegar hasta el altar. Finalmente, lograron además que los citados jóvenes abandonasen el lugar sin nuevos incidentes.

Los encausados, que este jueves sólo han respondido a las preguntas de su abogado, han señalado que su acción fue un acto de protesta por la reforma de la Ley del Aborto que en aquellas fechas estaba tramitando el Gobierno central. En ese contexto, también han indicado que desconocían que la irrupción en un templo religioso pudiera vulnerar el derecho al culto de los fieles católicos.

La acusación particular que ejerce el Obispado de Mallorca ha venido pidiendo desde el inicio de la causa una pena de cuatro años de cárcel para cada encausado, mientras que el Ministerio Público sólo pide penas de un año y medio para cada uno. Aun así, desde el inicio del proceso judicial la diócesis también se ha mostrado dispuesta a retirar la acusación si los seis jóvenes hubieran decidido reconocer públicamente que habían actuado mal.

Precisamente, el pasado lunes hubo una reunión en el Palacio Episcopal entre el nuevo administrador apostólico de Mallorca, monseñor Sebastià Taltavull, y cuatro de las personas acusadas, para intentar acercar posiciones antes del inicio del juicio, pero el encuentro finalizó sin ningún acuerdo. La pasada semana Taltavull había enviado una carta a dichos jóvenes en la que mostraba su deseo de mantener una reunión con el propósito de buscar un acuerdo que permitiera el reconocimiento de una acción «no adecuada» por parte de los proabortistas, algo que hasta ahora no ha sucedido.

Tras el encuentro fallido del lunes, los encausados plantearon ayer miércoles al Obispado un nueva propuesta de acuerdo de última hora. En el documento entregado a la diócesis, se planteaba que ambas partes admitieran que las consecuencias de aquel asalto «han supuesto una desazón y sufrimiento» tanto para el colectivo feminista como para la Iglesia de Mallorca.

«El colectivo de feministas encausadas comprende y comparte el malestar que sufrieron los feligreses de Sant Miquel. La Iglesia de Mallorca hace lo mismo con el malestar que sufrieron las detenidas y su entorno social y familiar», era otro de los planteamientos propuestos en ese escrito, que el Obispado no aceptó al no haber ningún reconocimiento explícito de culpa por parte de los asaltantes de Sant Miquel.