Palma no exigirá el catalán a los enterradores eventuales
Un informe jurídico del consistorio señala que los operarios de la Funeraria no deberán acreditar ningún nivel de la lengua cooficial
La presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) y regidora del Ayuntamiento de Palma, Antònia Martín, de Podemos, ha anunciado este jueves que finalmente los operarios — enterradores — que deseen formar parte de los bolsines de trabajo de la Funeraria no deberán acreditar ningún nivel de catalán.
Cabe recordar que el equipo de gobierno tripartito, conformado por el PSOE, la coalición ecosoberanista MÉS y Podemos, había solicitado días atrás un informe jurídico en relación a este asunto, tras haber surgido dudas con respecto a si los enterradores eventuales deberían tener o no conocimientos de catalán . El citado informe, entregado ahora, concluye que no es necesario exigir la lengua cooficial a los operarios de la Funeraria.
Las citadas dudas habían surgido en el consejo de administración de la EFM celebrado el pasado 8 de mayo. En el segundo punto del orden del día de aquella reunión estaba prevista la aprobación de las bases para la convocatoria de bolsines de trabajo para administrativos y también para enterradores.
Hace tres años, en la anterior convocatoria para trabajadores eventuales de la EFM, tener conocimientos de catalán puntuaba como mérito para los enterradores, aunque no era un requisito. Las citadas condiciones habían pasado a ser más flexibles ahora , en la convocatoria que se había hecho pública antes del consejo de administración del pasado 8 de mayo, ya que el catalán no era tampoco un requisito para los operarios y además no puntuaba ya ni siquiera como mérito.
Por lo que respecta al personal administrativo, el nivel de catalán exigido ahora en la EFM era en principio el mismo que se pidió en 2015, es decir, el B2 o intermedio, si bien también se estableció que se puntuaría como mérito tener algún nivel más elevado de catalán, como por ejemplo el C1 o superior, o el C2 o de dominio.
Controversia política
Tras la reunión del consejo de administración de la Funeraria del 8 de mayo, el concejal del PP Fernando Rubio y el concejal de Cs Bartomeu Cañellas denunciaron que las condiciones inicialmente fijadas para los bolsines de trabajo de los administrativos y los enterradores eventuales podrían cambiar a raíz de una petición hecha por el representante de MÉS en dicha reunión.
«El representante de MÉS propuso que se elaborase un informe vinculante acerca de si se debería pedir o no el catalán a los enterradores», explicó la pasada semana Rubio, que recalcó que esa propuesta « no se podía hacer » en la reunión del 8 de mayo, ya que «no estaba incluida en el orden del día». Aun así, según expuso el edil popular, la presidenta de la Funeraria aceptó tomar en consideración la citada propuesta.
En el mismo sentido crítico se expresó Cañellas, quien además pidió al equipo de gobierno que en materia lingüística aplicase «el mismo criterio para todas las empresas públicas». El edil de la formación naranja recordó que su grupo defiende que el catalán sea un mérito y no un requisito para trabajar en la Administración.
La versión del equipo de gobierno sobre este asunto era algo diferente. Así, fuentes oficiales del consistorio señalaron entonces a ABC que la aprobación inicial de las bases para la convocatoria de bolsines de trabajo para administrativos y para enterradores no era aún definitiva, pues estaba condicionada a « la obtención de un informe de adecuación de los requisitos de catalán » fijados al inicio de este mandato por la Junta de Gobierno municipal. En la actualidad, como regla general, en el consistorio palmesano se exige el nivel C1 para los administrativos y el nivel B1 o elemental para los operarios.
Finalmente, como se ha señalado ya, los enterradores eventuales de la capital balear no tendrán que acreditar ahora ningún nivel de catalán, mientras que se exigirá un nivel B2 a los administrativos de la Funeraria.
En cualquier caso, para el próximo lunes está previsto un consejo de administración extraordinario de la EFM, que había sido solicitado por el PP y por Cs con anterioridad a que se hiciera público el mencionado informe jurídico.
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