Medio ambienteLos afectados por la ampliación de Red Natura en Villar de Cañas reclaman su nulidad

La Plataforma de afectados por la ampliación de la Red Natura en Villar de Cañas, Huete, Saelices, Montalbo, El Hito, Villarejo de Fuentes, Zafra de Záncara, Villares del Saz y Almonacid del Marquesado han presenta alegaciones para exigir la retirada inmediata de la propuesta o la anulación del procedimiento de ampliación de los espacios Red Natura 2000 de la Laguna del Hito, al considerar que «su finalidad no es la de proteger la naturaleza o ciertas especies que ni siquiera se ha demostrado que existan en la zona, sino que obedece únicamente al fin político de impedir la construcción del ATC de Villar de Cañas».

Según ha explicado su representante legal, la abogada Pilar Martínez, el procedimiento iniciado es un «acto arbitrario, de desviación de poder, abuso del derecho y fraude de ley».

En dicho escrito, dirigido a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, se destaca que el procedimiento infringe de forma clamorosa la normativa, «por falta de participación de los intereses afectados en la elaboración de la norma; por falta de audiencia pública, por falta de llamamiento a los interesados, por la falta de estudios científicos y técnicos previos que avalen, tanto la existencia de especies a proteger, como la necesidad de protección mediante estas figuras o que las medidas de protección no resulten a la larga perjudiciales».

Sin compensaciones previstas para los afectados

Con la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha, asegura la letrada, «se causa un enorme perjuicio a los propietarios, residentes o titulares de derechos en esa enorme extensión de terreno de 25.000 hectáreas, a la que pretende extenderse el espacio Red Natura 2000. Todo ello, al margen de que en el proceso de construcción del ATC se ha seguido con todo rigor el procedimiento legalmente establecido y no ven impedimento alguno para su construcción que, además, genera en la zona grandes perspectivas de mejora económica», añade Martínez.

Los afectados alegan, además, que «la propuesta no viene dotada de partidas presupuestarias para atender a las compensaciones por las limitaciones y restricciones que estas figuras impondrán a los propietarios, incumpliendo con ello la legislación vigente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

Además, según Pilar Martínez, para realizar una ampliación de una zona de especial protección medioambiental «deben existir unos seguimientos, estudios y análisis técnicos y científicos, que exigen años de estudio y observación por expertos». Pero en el procedimiento iniciado por la Junta «dicen haberlos hecho en tres meses y presentan una memoria técnica, avalada, no por técnico o científico alguno, sino por el Director General de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cubero Rivera, y el Jefe de Servicio de Espacios naturales, Antonio Aranda Moreno, de los que desconocemos hasta su formación académica», concluye la abogada.