Marie Collins fue víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote
Marie Collins fue víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote - Afp

Marie Collins deja la Comisión de Protección Menores por las resistencias de la curia vaticana

Seguirá colaborando en la formación de nuevos obispos y el asesoramiento

Corresponsal en El Vaticano Actualizado: Guardar
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Cansada de las resistencias y la lentitud de la curia vaticana, Marie Collins, una irlandesa valiosa y valerosa que fue víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote, ha anunciado que deja la Pontificia Comisión de Protección de Menores, aunque seguirá colaborando en algunas de sus actividades, sobre todo la formación de nuevos obispos.

La dimisión de Collins, aceptada con pena, es una señal de alarma que contribuirá a facilitar el respeto a esta Comisión por los departamentos de la curia vaticana, celosos de sus prerrogativas y lentos a la hora de colaborar con otros organismos, sobre todo si se trata de una comisión asesora.

En un comunicado divulgado por la Santa Sede, el cardenal de Boston, Sean O’Malley, presidente de la Pontificia Comisión de Protección de Menores, manifiesta a Marie Collins «nuestro más sincero agradecimiento por la extraordinaria contribución realizada», al tiempo que le asegura: «seguiremos escuchando todo lo que quiera decirnos y echaremos en falta sus importante contribución».

La Comisión –formada por una quincena de expertas y expertos internacionales de gran nivel- le agradece, específicamente, «la disposición a continuar trabajando con nosotros en la educación de responsables de la Iglesia, incluyendo los programas para nuevos obispos y para los departamentos de la Santa Sede».

En un comunicado, Marie Collins, lamenta «la resistencia de algunos miembros de la curia vaticana a poner en marcha las recomendaciones de la Comisión, a pesar de haber sido aprobadas por el Papa».

El problema del Vaticano es que su burocracia, inflada y anticuada, es muy lenta en adaptarse a cualquier cambio, sobre todo a los que obliguen a aceptar indicaciones que vienen de otros departamentos.

Haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote cuando era menor de edad y estaba internada en un hospital, da a las intervenciones, siempre constructivas, de Marie Collins una autoridad especial. Pero, al mismo tiempo, su condición de antigua víctima la convierte en «pararrayos» de las quejas de muchas otras víctimas de abusos, molestas con la impresión de excesiva lentitud. La presión psicológica ha sido demasiado fuerte.

Como señala Collins, la Pontificia Comisión de Protección de Menores sufre falta de financiación adecuada y de limitaciones para contratar personal externo. Pero eso mismo lamentan muchos otros organismos ya que el Papa está aplicando una «cura de adelgazamiento» de personal–por jubilación y sin despidos- en una hipertrofiada plantilla de cinco mil personas.

A su vez, el tribunal para juzgar a obispos o superiores religiosos negligentes en su tarea de castigar a los sacerdotes, no solo existe ya sino que el Papa ha creado un reglamento que permite agilizar la actuación mediante una vía administrativa que instruyen las cuatro congregaciones vaticanas competentes: Obispos, Evangelización de los Pueblos, Iglesias Orientales y Religiosos.

En cuanto a la queja de que no se hayan publicado el borrador de directrices de protección de menores para las diócesis y conferencias episcopales, ha habido un error. El texto está disponible, juntos con otros muchos materiales, en la página web de la Comisión: www.protectionofminors.va

En todo caso, la dimisión de Marie Collins es una vigorosa llamada de atención cuando se acerca el momento de revisar los estatutos de la Pontificia Comisión de Protección de Menores, aprobados en 2014 a título provisional para que pudiera ponerse en marcha.

Paradójicamente, el gesto de Collins refuerza la autoridad del Papa y del cardenal Sean O’Malley para impulsar una tarea de prevención en la que la Iglesia católica va ya muy por delante de la mayoría de los países y organizaciones.

Francisco sigue absolutamente decidido a mantener la política de «tolerancia cero» y continuar erradicando los abusos. El pasado mes de diciembre envió una carta a todos los obispos del mundo para recordarles que esta es la norma, tal como estableció en su día Benedicto XVI.

Hace pocas semanas nombró al cardenal O’Malley miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargada de juzgar a sacerdotes y obispos en estas materias. Más recientemente, prologó personalmente el doloroso libro del suizo Daniel Pittet, víctima de abusos a manos de un religioso de su país.

El equipo encargado de imponer disciplina frente a los abusos sexuales en la Congregación para la Doctrina de la Fe está siendo renovado y ampliado. Algunas personas, quizá resentidas, han filtrado recientemente que Francisco ha mostrado «misericordia» con algunos delincuentes cambiando la pena propuesta de expulsión del sacerdocio por la de prohibición de ejercitar las funciones y retirarse a un monasterio.

En los casos oportunos, una medida de ese tipo –como la que se tomó con Marcial Maciel- no solo no significa «blandura» sino que, al coste de seguir manteniendo a una persona, evita que un abusador de menores esté en la calle y haga daño a otros menores. Es decir, mejora la protección de los más vulnerables.

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