El juez archiva el caso Minerval al considerar que no hubo estafa en la venta del anticancerígeno
El magistrado ha decidido, no obstante, que las distintas actuaciones de este proceso se remitan a la Agencia Española de Medicamentos, para que valore si se cometieron o no irregularidades administrativas
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell , ha dictado este viernes un auto en el que acuerda el archivo del denominado caso Minerval , al no haber quedado debidamente justificada «la perpetración del delito de estafa objeto de la denuncia que inició el procedimiento». En dicho caso se investigaba la presunta comercialización de un supuesto fármaco contra el cáncer —el Minerval— por parte de dos catedráticos de Biología Celular de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Pablo Escribá y Xavier Busquets, y de tres colaboradores de ambos.
En el auto dictado hoy el juez también ha decidido, en cualquier caso, que se remita «testimonio de las actuaciones a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, por si existen motivos para la incoación y tramitación, en su caso, de un expediente administrativo sancionador por las actividades comerciales realizadas con el producto Minerval (ácido 2-hidroxioléico) desde el año 2004».
Cabe recordar que en abril de 2016 el Consejo Social de la UIB hizo llegar a la Fiscalía la primera denuncia concreta de una persona que había adquirido el Minerval y que consideraba que había sido estafada. A partir de entonces se pusieron en marcha las investigaciones que el pasado mes de abril concluyeron con el arresto de cinco personas, entre ellas los profesores Escribá y Busquets. En aquel momento había ya una quincena de denuncias presentadas.
La Policía estimaba que, globalmente, se habrían estafado más de 611.000 euros a través de la supuesta comercialización del Minerval. El citado compuesto se encuentra aún en fase de ensayos clínicos, lo que significa que por ahora no tiene aún la calificación de medicamento ni cuenta con la preceptiva autorización para poder ser vendido al público.
Según los investigadores del caso, las personas que adquirían el Minerval abonaban el dinero que se les solicitaba a través de una entidad sin ánimo de lucro, denominada Fundación Marathon Glioma. Para la Policía, dicha fundación «enmascaraba la venta del producto como una donación voluntaria de los familiares para la investigación». Por otro lado, se sospechaba también que los citados dos catedráticos de la UIB habrían mostrado a los familiares de los enfermos imágenes presuntamente manipuladas para hacer creer que los tumores de los pacientes disminuían de tamaño.
Por su parte, tanto Escribá como Busquets siempre negaron haber cometido cualquier posible irregularidad . Ambos declararon en mayo en calidad de investigados —equivalente a imputados— ante el juez. Los dos profesores se declararon inocentes del presunto delito de estafa agravado que les imputaba la Policía. Busquets y Escribá le dijeron al juez que el Minerval contaba con la patente de nutracéutic o —complemento alimentario— desde 2003. Asimismo, indicaron que se habría comercializado a precio de coste y que nunca lo habrían vendido como fármaco. Tras prestar ambos declaración, el magistrado no les impuso ninguna medida cautelar.
En la actualidad, ninguno de los dos catedráticos podía dar clases en la UIB, después de que el Rectorado hubiera decidido el pasado 12 de abril, como medida cautelar inicial, suspender la «actividad docente» de Escribá y de Busquets. Ambos profesores colaboraban con la empresa biofarmacéutica denominada Lipopharma, que desde el primer momento se desvinculó por completo de cualquier posible irregularidad que pudieran haber cometido dichos docentes.
Fase experimental
En el auto dictado este viernes, el juez Morell señala que los compradores del Minerval « sabían que se trataba de un producto en fase experimental , no de un medicamento de venta en las farmacias». El magistrado añade que a quienes adquirían el citado producto no se les aseguraba la «eficacia curativa» del mismo. Según el juez, «se buscaba una alternativa para pacientes sin tratamientos convencionales aplicables que, aun conociendo ellos o sus familiares las anteriores circunstancias, decidieron tomarlo o adquirirlo pues no tenían nada que perder». Por todo ello, «parece difícil, en consecuencia, estimar que en el presente caso exista el engaño bastante que exige el delito de estafa».
En cualquier caso, el juez sí contempla la posibilidad de que se haya podido incumplir en algún sentido la normativa que rige para la elaboración, prescripción y venta de medicamentos en España. Por ese motivo el magistrado considera, como se ha señalado, que se debe remitir toda la documentación existente sobre el caso Minerval a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad y Consumo, para que valore si se cometieron o no posibles irregularidades administrativas.
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