La Guardia Civil hace una evaluación «positiva» de la respuesta inmediata tras la riada en Sant Llorenç

El Gobierno balear, que también ha elaborado un informe definitivo sobre la tragedia, propone crear un ente público específico para emergencias

Los destrozos provocados por las inundaciones en Sant Llorenç REUTERS

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La Guardia Civil ha hecho una evaluación «positiva» de la respuesta de los servicios de emergencias tras las inundaciones del pasado 9 de octubre en el noreste de Mallorca , que afectaron de forma especial al municipio de Sant Llorenç des Cardassar . En el informe realizado por la Benemérita el pasado mes de noviembre, cuyo contenido ha trascendido este viernes, se detallan las distintas actuaciones llevadas a cabo en aquellas fechas. Por su parte, el Gobierno balear ha elaborado igualmente un informe definitivo sobre la tragedia, en el que califica como «muy buena» la respuesta dada tras las inundaciones, si bien también propone crear un ente público específico para emergencias.

Cabe recordar que las torrenciales lluvias caídas el 9 de octubre sobre Mallorca dejaron un trágico balance de 13 víctimas mortales , decenas de familias sin hogar, numerosos vehículos destrozados y cuantiosas pérdidas materiales. El hecho determinante en la catástrofe vivida entonces fue el desbordamiento del torrente de Sant Llorenç. «Las diferentes informaciones recabadas respecto a las circunstancias concurrentes en cada uno de los fallecimientos , permiten atribuir el agravamiento del impacto negativo de las inundaciones a su presentación de manera súbita y violenta, característica propia de las crecidas de las aguas de los torrentes», recalca el informe de la Guardia Civil , que también destaca que sucesos de ese tipo tienen siempre un «carácter extraordinario», por lo que una «protección absoluta no es posible».

La principal conclusión del citado informe, que consta de 23 folios, es que teniendo en cuenta los extremos señalados , «cabe realizar una evaluación positiva de las capacidades de respuesta ante la contingencia presentada, ello teniendo en cuenta las dificultades ofrecidas por el escenario de actuación en las primeras horas del suceso, conformado por ausencia de luz natural, de corriente eléctrica y dificultades en las comunicaciones». A ello habría que añadir que la acción del agua «en algunos casos impedía el desplazamiento de los vehículos de emergencia a las zonas afectadas». En el contexto descrito, «no puede ser obviada la importante cifra de personas rescatadas, un número importante de ellas atrapadas en sus vehículos». Así, fueron rescatadas 52 personas atrapadas en el interior del núcleo urbano o en puntos de difícil acceso.

La Guardia Civil llegó a desplegar un total de 468 efectivos a lo largo de los días en que actuó en la zona, «con un promedio de esfuerzo diario de 152 componentes de diferentes especialidades». El informe de la Benemérita también destaca, con respecto a la fase posterior a las primeras horas del suceso, «la determinación de las diferentes Administraciones para la puesta a disposición de los intervinientes de las capacidades operativas y logísticas necesarias».

Documentos pendientes

El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol aún no ha entregado, por su parte, la documentación que le fue reclamada a principios de este mes de enero por el PP . Cabe recordar que el Grupo Parlamentario Popular (GPP) de la Cámara balear registró una solicitud de amparo a la Presidencia del Parlamento autonómico, para que tuviera a bien recopilar la documentación solicitada en octubre y en noviembre por los populares relativa a las citadas inundaciones. La solicitud de amparo iba dirigida al actual presidente de la Cámara, Baltasar «Balti» Picornell, de Podemos.

La información solicitada hace casi tres meses por el PP , en concreto el 25 de octubre, era sobre los boletines periódicos y otros informes que hubieran sido emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el pasado 9 de octubre, así como el registro de incidencias —denominado CAD— de las llamadas y decisiones políticas registradas en el Servicio de Emergencias 112 entre los días 9 y 12 de octubre.

Los populares pidieron también, el 26 de octubre, una copia de todos los informes y escritos dirigidos a la Dirección General de Emergencias, al 112 y a la consejera autonómica de Hacienda y Administraciones Públicas, la socialista Catalina Cladera, en los cuales se solicitaban «más medios materiales y personales, desde el 1 de enero al 26 de octubre de 2018». Finalmente, el PP pidió el 2 de noviembre «una copia del informe interno de día 2 de octubre de 2018 , firmado por el jefe de servicio de Ordenación de Emergencias, que fue dirigido a la consejera Catalina Cladera en relación a la gestión de las emergencias».

Explicaciones del Govern

Cabe recordar que Cladera compareció el pasado 23 de octubre en el Parlamento regional , a petición propia, para dar cuenta del conjunto de actuaciones llevadas a cabo por el Govern ante la situación de emergencia provocada por las inundaciones que tuvieron lugar en Mallorca en la tarde del 9 de octubre. La consejera de Administraciones Públicas afirmó durante su intervención que el Ejecutivo que preside Armengol actuó «desde el primer momento» tras tener conocimiento de los primeros incidentes y detalló el número total de efectivos de emergencias desplazados hasta las zonas inundadas en las primeras horas.

Cladera recordó durante su comparecencia parlamentaria que desde primera hora del 9 de octubre Baleares se encontraba en situación de alerta amarilla por lluvias , según la previsión hecha por la Aemet. Dicha alerta se mantuvo hasta las 18.53 horas, momento en que se pasó a alerta naranja. Unos minutos después se acabaría desbordando el torrente de Sant Llorenç. La Aemet no declararía la alerta roja hasta las 22.01 horas, cuando habían caído ya más de 200 litros por metro cuadrado en las principales zonas afectadas por las lluvias torrenciales.

Por su parte, la Aemet concluyó el pasado mes de octubre, a través de una investigación interna, que actuó de manera correcta a la hora de activar las distintas alertas —amarilla, naranja y roja— el pasado 9 de octubre. Según la Aemet, «los actuales protocolos de actuación se cumplieron» y además «existió una coordinación adecuada entre las distintas unidades implicadas, cuyo personal actuó con profesionalidad, modificando los niveles de aviso hasta en tres ocasiones». Además, la Aemet proponía en su informe, entre otras medidas, adaptar los modelos numéricos para disponer de herramientas de predicción inmediata o a muy corto plazo, adecuar la red de estaciones automáticas y renovar la red de radares para estimar la intensidad de la lluvia.

Nuevos datos

Precisamente, este viernes la consejera de Administraciones Públicas ha anunciado que el Govern ha recibido ya el informe definitivo sobre la tragedia del 9 de octubre, elaborado por el director técnico del operativo que fue puesto en marcha tras las inundaciones, Joan Pol. La conclusión principal de dicho informe es que la organización de la respuesta fue «muy buena, rápida y proporcionada a los hechos», si bien a costa de «grandes sacrificios personales» y de «mucha entrega de los efectivos implicados». En cualquier caso, se reconoce que «hubo un antes y un después de esta tragedia».

Pol recomienda en su informe que debería crearse, de forma «prioritaria», un ente público que aglutine todos los servicios de «prevención, gestión y respuesta de emergencias dentro del ámbito de la seguridad pública, eliminando duplicidades, dispersión en la gestión y zonas vacías por indefinición». El citado ente debería planificar «de forma integral las necesidades de los ciudadanos» y debería también dar «sentido común y lógica a los costosos gastos que representa tener que hacer frente a la emergencia diaria ordinaria y a la extraordinaria sujeta a planes de Protección Civil». En ese contexto, Pol propone diversas medidas concretas de previsión, prevención y planificación.

Por otra parte, el Gobierno balear ha anunciado que hasta principios de este mes de enero se ha tramitado el pago de 14,3 millones de euros, una cantidad que incluye tanto lo abonado en ayudas específicas del Govern para particulares, empresas y ayuntamientos afectados, como la cantidad abonada en reparaciones de daños y de infraestructuras públicas que son de competencia autonómica. Por último, la consejera de Administraciones Públicas ha señalado este viernes que los datos solicitados recientemente por el PP relativos a comunicaciones internas en el 112 no pueden ser facilitados, ya que —según ha explicado Cladera— los Servicios Jurídicos han determinado que el registro de incidencias está protegido por la ley de protección de datos, pues no se pueden facilitar datos de carácter personal.

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