La Graciosa rompe moldes: el sueño de ser, solo, una pedanía
Los 750 vecinos de la isla canaria de La Graciosa no quieren independencia, ni ser cabildo, ni municipio. Solo aspiran a ser pedanía del lanzaroteño Teguise
No tienen ni un Puigdemont , ni un Mas. Ni tan siquiera un Torra. Tampoco lo quieren. Los 750 habitantes de isla de La Graciosa, separada de Lanzarote por un canal de poco más de un kilómetro de anchura, se han unido para intentar convertirse en pedanía del municipio lanzaroteño de Teguise, al que pertenecen. Desde la pasada semana están a punto de dar el primer paso: ser declarados oficialmente isla habitada , la octava del archipiélago canario.
La isla de los mil ingenios y las mil contradicciones, donde hay momentos en los que se respira igual que en el Macondo de García Márquez, vive ahora satisfecha. Jamás han conocido mayor prosperidad gracias a los miles de visitantes que desde hace dos décadas colman las calles sin asfalto de Caleta del Sebo , su principal núcleo. Por no tener ya no tienen ni desempleo, cuando hace 25 años casi la única solución era la emigración.
La pesca, que lo fue todo desde la llegada de los primeros moradores estables, en 1875, daba lo que daba y ya solo viven de ella 30 profesionales, repartidos en 12 embarcaciones. La Graciosa está ahora en un momento histórico. Casi más que en la década de los 80 del pasado siglo, cuando les llegó el agua corriente, estrenaron un muelle decente (1983), llegó la electricidad permanente (1984), visitó el Rey Juan Carlos para declarar sus 27 kilómetros cuadrados parque natural e incluso comenzó la telefonía fija (1986).
Buena parte de sus 750 habitantes han aplaudido una moción del senador Joel Delgado (PP), aprobada por unanimidad en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, que les otorga el reconocimiento como octava isla canaria habitada. Con la iniciativa se insta al Gobierno central a que permita a La Graciosa constituirse de forma singular como entidad local menor con personalidad jurídica.
Octava isla
«Un impulso político más», reconoce Delgado para hacer realidad los deseos de los gracioseros de tener un poco de autonomía. Ese «poco» significa tener un alcalde pedáneo elegido por ellos mismos, no por Teguise. O poder administrar un pequeño presupuesto para cuestiones menores, o aprobar por ellos mismos una licencia de obra menor, nada de permisos urbanísticos o desarrollo de planes de nuevas viviendas , por ejemplo. O que se responda a sus demandas administrativas más rápido.
El reconocimiento como octava isla canaria habitada ya tenía unanimidad en el Parlamento canario. Se contempla así en el artículo cuarto del borrador de reforma de su estatuto de autonomía, que se debate en ponencia desde finales del pasado año y que tiene pocas opciones de prosperar debido al veto de Coalición Canaria a la reforma electoral. Ambas vías, Cortes Generales y reforma estatutaria, son compatibles para lograr la conversión a entidad local menor.
El apoyo político es reconocido por la plataforma ciudadana «La Graciosa octava isla» que desde 2013 ha concitado el respaldo de la población para lograr un mínimo de personalidad jurídica. Su portavoz, Miguel Páez, admite «mucha alegría y sensación de vértigo». Cinco años de trabajo comienzan a dar frutos. Si finalmente se produjese ese reconocimiento como entidad local menor se facilitaría «la conservación de nuestra propia idiosincrasia , la defensa de los recursos naturales y la revisión del plan rector del espacio natural».
Los gracioseros tienen que tomar muchas decisiones en un limbo jurídico. En la isla confluyen con enormes problemas las normativas de parque natural, reserva marina y plan de ordenación de los recursos naturales. Por ejemplo, los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento de Teguise sublevan a hijos del pueblo necesitados de vivienda, a compradores foráneos y a quien quiere hacer negocios. La regulación de la actividad turística en el plano urbanístico naufraga a manos llenas.
Regulación definitiva
Ni tan siquiera los populares taxi-safari que trasladan a miles de turistas a las playas han logrado una regulación definitiva. La conversión de La Graciosa en entidad local menor no daría a su alcalde pedáneo y a su consejo municipal la potestad en estos temas, pero al menos se escucharía más su voz dónde tiene que llegar: Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de Lanzarote , Gobierno de Canarias y Administración central, propietaria a través de Parques Nacionales de todo el suelo de la isla excepto el ocupado por viviendas e infraestructuras municipales.
Alicia Páez es la concejala delegada para La Graciosa del Ayuntamiento de Teguise desde 2010 por Coalición Canaria. Es graciosera militante de principio a fin y también desea mayor autonomía y capacidad en la gestión para enfrentarse a los problemas del día a día y, particularmente, a los que genera el maná del turismo.
Durante julio, agosto y septiembre cientos de visitantes llegan a Caleta del Sebo. «No tenemos servicios necesarios, muchos se van descontentos porque no pueden conocer la isla o, incluso, comer». Por eso aspira a tener unas competencias que aún no están definidas y que delegaría el Ayuntamiento de Teguise, para así no depender de cuatro instituciones en temas, por ejemplo, de limpieza, turismo y licencias urbanísticas menores.
El paraíso que buscaba sin éxito Ignacio Aldecoa y los cada vez más numerosos turistas (250.000 visitaron la isla en 2017, 130.000 de ellos durante julio y agosto, un 23% más que los mismos meses del año anterior) cada vez se mece más en el riesgo. A los problemas de depuración de aguas (se vierte en pozos negros) y la paralización de las obras de la red de alcantarillado se suman ya, incluso, problemas de tráfico. Si hace dos décadas no existían más de una veintena de vehículos, ahora toda familia graciosera y todo turista con propiedad quiere uno o dos aparcados en su puerta. La isla sin asfalto ha pasado en verano a ser una jungla de unos 400 todoterrenos sin regulación.
Recursos naturales
El propio Miguel Páez reconoce, a título personal, problemas de convivencia debido a la falta de regulación de buena parte de las actividades turísticas. «Es muy importante proteger al empresariado , pero también establecer cuáles son los límites en todas las actividades en pro de la igualdad entre ciudadanos». La nueva regulación administrativa de La Graciosa podría impulsar que el discutido plan rector de uso y gestión del Archipiélago Chinijo y su «hermano menor» de regulación de los recursos naturales, que fija la mayor parte de las actividades que se desarrollan en la isla, defina de forma consensuada dónde fijar los límites entre protección de la naturaleza y desarrollo económico .
Los mayores empleadores de la isla son la familia Romero. De ellos depende una de las dos navieras que comunican Caleta del Sebo con Órzola. Tienen 150 empleados en sus empresas; 45 son gracioseros. Comenzaron con el transporte de viajeros en 1978, aunque antes realizaban portes y traslados con un pesquero. Federico Romero no muestra mucho entusiasmo con la declaración de pedanía.
Considera que lo importante es que las administraciones garanticen si se logra «un reparto igualitario , sin favoritismos». Romero es crítico y asegura que «ahora todo está paralizado, el ayuntamiento debe mojarse y clarificar las normas porque aquí cada vez se prohíbe más y no se aclara nada. Así no podemos seguir. Como empresa nos perjudica la indefinición normativa. El Gobierno de Canarias tiene que invertir más, dar más servicios porque por ejemplo, en el puerto seguimos sin luz, pero las tasas las siguen cobrando».
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