El Gobierno no llevará la Ley de Residuos de Baleares al Tribunal Constitucional

El Ejecutivo central ha presentado una propuesta de acuerdo interpretativo sobre los dos artículos en los que había discrepancias, que ha sido aceptada por el Govern

Vajilla de plástico de un solo uso ABC

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La Ley de Residuos y Suelos Contaminados de Baleares no acabará finalmente en el Tribunal Constitucional , tal como parecía que iba a ocurrir, después de que en los últimos días el Gobierno central y el Govern hayan acercado posiciones sobre los dos artículos de dicha norma que inicialmente cuestionaba el Ejecutivo que preside en funciones Pedro Sánchez.

El primero de los artículos cuestionados —el número 9— trataba sobre la imposición de sanciones por parte del Govern, mientras que el otro artículo —el número 23— se centraba en la limitación de la distribución de bolsas de plástico. Por su parte, el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol consideraba que ambos artículos se ajustaban a la legalidad. En ese contexto, el Gobierno optó por presentar la pasada semana una propuesta de acuerdo interpretativo sobre dichos artículos, que ha sido aceptada ahora por el Govern.

Cabe recordar que la Ley de Residuos prevé prohibir o limitar al máximo, entre otros productos, las vajillas de plástico, las cápsulas monodosis de café o los bastoncillos para las orejas, es decir, los plásticos de un solo uso. La nueva disposición se aprobó en enero de este año y debía entrar en vigor en 2020, pero finalmente se acordó que fuese un año más tarde, en concreto el 1 de enero de 2021. En la presente legislatura el consejero de Medio Ambiente es el ecosoberanista de MÉS Miquel Mir, si bien la Ley de Residuos fue impulsada en el pasado mandato por su antecesor en el cargo, Vicenç Vidal, de la misma formación política.

Las mencionadas discrepancias entre Sánchez y Armengol sobre la Ley de Residuos se habían iniciado el pasado mes de mayo, cuando el Gobierno central envió un requerimiento al Govern en el que le advertía de la posible inconstitucionalidad del artículo 9 y del artículo 23 de esta pionera norma autonómica. Con posterioridad, el pasado 2 de octubre, se había celebrado una comisión bilateral entre representantes de las dos administraciones para intentar acercar posiciones, pero la reunión acabó sin que hubiera cambios de criterio en ninguna de ambas partes.

Buscando el acercamiento

A raíz de aquel encuentro fallido del 2 de octubre, todo apuntaba a que el Gobierno central acabaría presentando finalmente un recurso contra la Ley de Residuos de Baleares ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, como se ha indicado, la situación ha podido ser reconducida in extremis. Hasta ahora, lo que más criticaba el Gobierno era que Baleares pretenda hacer pagar más a quien más contamine , propósito que Sánchez entendía que podía invadir las competencias del Estado en materia tributaria.

Tras una nueva valoración de ese posible hecho por parte de la Administración central, la propuesta presentada la pasada semana por el Gobierno señalaba que el artículo 9 podría ser aceptado siempre y cuando el Govern entendiera que a la hora de poner multas no puede ir más allá de lo fijado por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Por su parte, el director general autonómico de Residuos, Sebastià Sansó, ha explicado este miércoles a ABC que la Consejería de Medio Ambiente está de acuerdo con esa interpretación del Gobierno. En ese sentido, ha recordado que desde su departamento «nunca se tuvo la intención de crear una tasa o un tributo nuevo, sino que se estaban planteando medidas extrafiscales, ya previstas en las actuales directivas estatales y comunitarias».

Con respecto al ya citado artículo 23 de la Ley de Residuos, Sansó ha reiterado que las diferencias de interpretación entre las dos administraciones eran y siguen siendo más bien de detalle. Así, la norma autonómica dice que a partir de 2021 sólo se permitirá en Baleares la distribución de bolsas de plástico compostables «muy ligeras», mientras que el Gobierno central considera que también se tendría que permitir la distribución de bolsas de plástico compostables «ligeras».

En relación a ese artículo concreto, Sansó ha explicado que el Gobierno expuso en la mencionada propuesta de acuerdo interpretativo que, antes de tomar una decisión, es mejor esperar a que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado en marzo por el Consejo de Ministros contra la Ley Foral de Residuos de Navarra. Según el Gobierno, dicha norma contiene una regulación más restrictiva que la estatal por lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico. «Una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la Ley Foral de Residuos de Navarra, tendremos en cuenta la jurisprudencia que se cree a partir de ese instante», ha apostillado Sansó.

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