El Gobierno cuestiona la legalidad de la ofensiva del PSOE para cerrar Garoña

Aunque todavía le queda de plazo más de un mes para poder vetar la Proposición de Ley del PSOE para «impedir la reapertura» de la central nuclear de Garoña, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya ha manifestado alguna pega para la tramitación parlamentaria de esta iniciativa.

Desde el Gobierno se cuestiona la viabilidad de esta propuesta, según señalaron ayer fuentes ministeriales, por lo que podría producirse un veto a su debate en el Pleno del Congreso.

Esta Proposición de Ley fue registrada el pasado día 21 de febrero por el Grupo Socialista y, una vez que tenga el visto bueno de la Mesa de la Cámara, debe de pasar el filtro del Gobierno.

Desde que fue presentada, la Mesa tiene un plazo de un mes para pronunciarse y, posteriormente, el Gobierno tiene otros mes para ejercer su derecho de veto.

Un veto que puede responder a criterios económicos, ya que el Ejecutivo tiene la potestad de frenar las Proposiciones de Ley que supongan un aumento del gasto.

Si se produjera el veto del Gobierno, la Mesa podría levantar este obstáculo, ya que el Partido Popular no tiene la mayoría y el resto de la oposición podría dar luz verde a su tramitación. En este caso, como sucedió con la Lomce, el Gobierno puede plantear un conflicto de competencias y presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Desde que el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó un informe que permitía la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), el PSOE ha lanzado una ofensiva en el Congreso y en el Senado para que el Gobierno no conceda el permiso definitivo.

El Ministerio de Energía cuenta con un plazo de seis meses para aprobar, a través de una orden ministerial, la autorización definitiva de apertura por un periodo de tiempo concreto. Ahora tiene que abrir un periodo de audiencia a los instituciones y sectores que pueden verse afectados por la reapertura.