Elena Sarasate, la mujer que ha puesto voz a la presunta violación de los cinco de «La Manada»

Mientras ellos reconocieron que mantenían relaciones orgiásticas, ella «nunca había mantenido relaciones en grupo, ni anales, ni había hecho un beso negro», contrapuso la fiscal

Elena Sarasate, la juez que relató en su informe final las vejaciones a las que habrían sometido los cinco de «La Manada» a la joven madrileña presuntamente violada. | Vídeo: Así de contundente ha sido la fiscalía contra la manada ABC
Érika Montañés

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No estuvo contundente, estuvo colosal. La fiscal Elena Sarasate representa al Ministerio público en el caso del juicio por violación a una joven madrileña que tenía 18 años el 7 de julio de 2016 . Ese día, y de acuerdo a su relato, que se produce después de que todos en la sala visionasen el vídeo de 96 segundos donde se captó la presunta violación, los cinco amigos sevillanos que integran el grupo de « La Manada », creyendo gozar de una impunidad que gracias a su propio vídeo no tenían, hicieron lo que quisieron con ella.

Más explícita no pudo ser Elena Sarasate en la sesión de ayer, donde se dedicó durante dos horas a desmontar cada uno de los argumentos de los abogados de los acusados: «Actuaron de forma conjunta y organizada», mientras la joven denunciante «no sospechaba ni rematadamente lo que estaba pasando» . «Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda», afirmó. Es decir, no hubo consentimiento por parte de la joven, un término que suscribió naturalmente el abogado que defiende los intereses de la chica. Y la fiscal puso fin a algunas especulaciones maledicentes: «Ella no denunció ni movida por el resentimiento ni la venganza».

Sarasate no se detuvo ahí, y advertimos de la sensibilidad de sus frases: a diferencia de los cinco acusados, que reconocieron que no era la primera vez que mantenían relaciones orgiásticas y en grupo, sin preservativos, porque les gustaba esta práctica, la joven, al contrario « nunca había mantenido relaciones en grupo, ni anales, ni había hecho un beso negro» , como le sometieron los cinco acusados a practicar, siempre presuntamente y en palabras de la representante del Estado en el juicio.

«Nos quieren hacer creer que los cinco conocieron aquella noche a una chica de 18 años, con una vida normalizada , y que después de 20 minutos de conversación decide irse con unos desconocidos para mantener relaciones en grupo con todo tipo de penetraciones, algunas al mismo tiempo (anales y vaginales), y sin usar preservativo. Por mucho que quieran torcer la realidad, los hechos son como los hemos narrado: "Me sometí, hicieron conmigo lo que les pareció oportuno"» , dijo Sarasate, haciendo suyas las palabras de lo sufrido por la joven.

Los acusasdos, en su opinión, faltan a la verdad y prepararon con cuidado sus declaraciones, afirmando que empezaron a declarar en bloque aprovechando las pruebas que se iban descubriendo. «Se les abrió el cielo cuando la joven aseguró que se había besado con uno de ellos» , en concreto Ángel B. , de camino al portal de la calle Paulino Caballero, 5, según ella misma reconoció. Pero desconocía, dijo la fiscal, por completo las intenciones de ellos cinco.

La Fiscalía de Navarra, en nombre de la fiscal Elena Sarasate, entregó en mayo su escrito de acusación, en el que solicitó 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco implicados en la causa por un delito continuado de agresión sexual (18 años), un delito contra la intimidad de la joven por grabar los hechos con el móvil (2 años) y otro por robo del teléfono móvil de la joven (2 años y 10 meses). Ayer ratificó su petición. La fiscal mantiene que la pena de agresión sexual está tipificada con un máximo de 15 años, pero en este caso la fiscal ha considerado que se trata de un caso más grave, al ser un delito continuado, ya que los cinco acusados son responsables de su presunta violación y de haber permitido las de sus otros cuatro compañeros. La Fiscalía ha añadido 3 años más al máximo posible, hasta llegar a los 18.

En el mismo escrito se pide la prohibición de comunicación con la víctima durante un periodo de 20 años, así como 10 años de libertad vigilada después de su salida de la cárcel. Los acusados deberán indemnizar a la víctima con 100.000 euros por el daño moral ocasionado y deberán indemnizar al Servicio Navarro de Salud con 1.531 euros por los gastos de la atención médica .

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