Cientos de personas participaron ayer en el minuto de silencio en Caldes de la Malavella por lo sucedido
Cientos de personas participaron ayer en el minuto de silencio en Caldes de la Malavella por lo sucedido - EFE
Sociedad

El dueño del restaurante de Gerona asegura desconocer que el hinchable necesitara de un permiso

Entre los seis niños que resultaron heridos, uno se encuentra grave aunque estable

Barcelona / Madrid Actualizado: Guardar
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Ni estaba bien anclado ni tenía la licencia pertinente. Todavía con muchas dudas pendientes de resolver, ayer se conocieron más detalles sobre el castillo hinchable que el pasado domingo salió disparado en Caldes de Malavella (Gerona) e hirió a siete menores, uno de los cuales, una niña de 6 años, acabó falleciendo. A la espera de la investigación, todo apunta a que pudo haber una negligencia.

Según detallaron ayer fuentes policiales, el inflable que tenía instalado el restaurante Mas Oller en sus exteriores estaba sujeto al suelo con tan solo dos de los seis anclajes posibles. Además, la instalación carecía de la licencia municipal pertinente. El propio alcalde de Caldes, Salvador Balliu, confirmó que el restaurante -abierto a principios de los años 90- no había «ni solicitado ni implantado» ninguna autorización.

De hecho, es obligatorio pedir un permiso para habilitar un inflable y el Consistorio lo da después de revisar los certificados de homologación y de implantación de la atracción. En este caso, al no haber tramitado la autorización, el Consistorio tampoco podía saber si la estructura y su instalación eran correctas.

Por su parte, el propietario de Mas Oller, Jaume Matas, aseguró que no se explica qué pudo pasar y que desconocía que hiciera falta un permiso. Detalló también que el castillo era pequeño y relativamente nuevo: llevaba un mes y medio en el restaurante, lo montaban y desmontaban sus propios empleados los fines de semana, tenía vigilancia y estaba homologado, defendió.

Varias hipótesis

Por el momento, se desconoce exactamente qué pudo llegar a levantar la estructura a más de 10 metros de altura. Entre otros aspectos, los péritos están evaluando si pudo tener que ver con un mal funcionamiento de las válvulas de seguridad o del motor que lo inflaba o si la turbina que inyecta el aire no se paró y llegó a producirse una explosión por exceso de presión.

Los Mossos d’Esquadra, que se hicieron cargo de la investigación, seguían ayer recabando datos para terminar el atestado policial que ayude a entender qué sucedió. Tras ello, el caso pasará a manos del juez de Santa Coloma de Farners (Gerona).

Paralelamente a la investigación, los seis niños que estaban jugando en el castillo cuando se produjo la tragedia evolucionan favorablemente. De ellos, el que presenta un cuadro más grave es un niño de nueve años que está ingresado en el Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), aunque su estado es estable. Además, tres niñas y un niño siguen en el Hospital Josep Trueta de Gerona en estado menos grave. Otra niña de 3 años que estaba en el castillo cuando éste salió «volando» ya recibió el alta médica.

Por otro lado, Tordera, el municipio en el que residía la menor de seis años que falleció anteayer en el Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona como consecuencia el accidente, decretó tres días de luto. El Ayuntamiento de este municipio, del que procedían otras niñas heridas, también hizo un minuto de silencio.

Abren expediente

La Dirección General de Administración de Seguridad de la Generalitat de Cataluña decidió ayer abrir un expediente informativo al restaurante por carecer de la licencia municipal para tener el castillo hinchable infantil.

El consejero de Interior, Jordi Jané, aprovechó la desafortunada noticia para exigir a todos los negocios de pública concurrencia que tienen este tipo de instalaciones inflables y otras ofertas lúdicas desmontables a reclamar la correspondiente autorización municipal y exigió «que se cumplan las normativas, y que se haga el control necesario para su utilización necesaria y segura».

En este mismo sentido, Jané lamentó que si el restaurante hubiese solicitado la licencia, lo que es preceptivo, se habría revisado la instalación antes de concederla. De hecho, el artículo 39.4 de la Ley de Espectáculos de Cataluña obliga a los responsables de este tipo de atracciones a presentar al consistorio los manuales de instrucciones y las certificaciones técnicas sobre el montaje y la instalación.

El portavoz de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua), Rubén Sánchez, urgió ayer a los ayuntamientos a revisar las atracciones infantiles y lamentó que la normativa actual sólo exija una autorización previa a la instalación de estas atracciones. «Solo las inspecciones de oficio durante su funcionamiento en restaurantes y parques de atracciones pueden garantizar la seguridad de los menores», afirmó Sánchez a ABC.

Esta asociación de consumidores también alertó de que la ausencia de mecanismos de control reglados «es uno de los elementos que pone de manifiesto la ineficacia de la normativa que han de cumplir en la actualidad las atracciones infantiles para garantizar la seguridad de sus usuarios». Ante esta falta de control, Facua reivindicó la necesidad de «una normativa que establezca con carácter general mecanismos de supervisión».

En general, la seguridad en los parques de bolas, ferias o castillos hinchables, muy populares durante el verano, está regulada por normativas autonómicas. Esta legislación heterogénea en todo el territorio permite que los requisitos de seguridad para instalar estos espacios varíe según la región.

Adrián González, gerente de Alvisa, empresa encargada del alquiler de castillos hinchables, explica a ABC que «en algunas ocasiones» los ayuntamientos piden como requisito para la concesión de un parque de ocio en un espacio público «el certificado de correcto montaje», que debe ser expedido por un ingeniero industrial colegiado que haya supervisado el montaje del castillo hinchable. Sin embargo, muchas veces las personas encargadas de supervisar la seguridad de las atracciones «no tienen conocimientos específicos en la materia», añade Ana Larrañaga, del área de asesoría jurídica del Colegio de Ingenieros Industriales.

Para mejorar la seguridad, esta institución lleva años pidiendo a las administraciones públicas que les permita establecer la «certificación del profesional» a través de la cual se acredite que la persona que se encargará de supervisar la atracción cuenta con los conocimientos suficientes como para garantizar la seguridad de sus usuarios.

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