Donald Trump pone en riesgo la protección de especies amenazadas

Da igual que la ciencia avale el impacto negativo de las actividades del ser humano en la naturaleza o que vivamos en el momento histórico de mayor conciencia medioambiental. A Donald Trump, el defensor del «hermoso carbón limpio» , le trae sin cuidado. Ya lo demostró al retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París o nombrando director de la Agencia de Protección Ambiental a Scott Pruitt, un negacionista del cambio climático , que dimitió recientemente del cargo por una serie de escándalos económicos. Ahora Trump propone reformar una ley aprobada en 1973 sobre protección de especies amenazadas.

Con su propuesta, avanzada conjuntamente por los departamentos de Interior y Comercio, la administración Trump pretende modificar sustancialmente la Ley de Especies en Peligro de Extinción, que ha sido fundamental en la reversión de la situación de riesgo de especies como el águila calva o el oso pardo. Detrás del movimiento está su demostrada voluntad de priorizar los intereses empresariales y económicos sobre los ambientales. Aunque no tiene carácter retroactivo, la modificación de algunas de las disposiciones claves de la ley facilitaría la construcción de carreteras, oleoductos y otras infraestructuras en terrenos protegidos, incluida la explotación de las reservas de gas y petróleo en el Ártico.

La reforma de Trump juega con sutilezas técnicas susceptibles de causar un gran impacto. Por ejemplo, dejará de equiparar a las especies en «peligro de extinción» con las «amenazadas». Éstas últimas dejarán de ser protegidas de forma automática para ser estudiadas caso por caso. Desde sectores conservacionistas señalan que esperar a que el número de ejemplares de una especie sea pequeño para empezar a protegerlo puede suponer su desaparición por falta de anticipación. Otra modificación clave es la que se refiere al impacto económico de los proyectos. Hasta ahora, tal y como recoge la ley, no se tenía en cuenta el coste económico de la protección cuando existía base científica para pasar a la acción.

Interior y Comercio harán en breve el preceptivo registro de su propuesta y ofrecerán sesenta días para que los ciudadanos puedan participar con sus comentarios antes de presentar el proyecto definitivo, aunque no es habitual que estos procesos participativos supongan grandes modificaciones. De aprobarse, Trump restará protección medioambiental como ya hizo con la reducción en diciembre de la extensión protegida de dos parques naturales en Utah o con la debilitación en abril de una ley de protección de aves migratorias.