El Defensor del Pueblo evita comentar las quejas por adoctrinamiento en Cataluña en 2018
Fernández Marugán afirma que es «un problema» que no puede resolver esta institución
El adoctrinamiento a los niños en centros escolares de Cataluña es un problema que incomoda a algunas instituciones del Estado. Y más en este momento, en el que Pedro Sánchez puede necesitar a los independentistas catalanes para ser investido presidente del Gobierno. Un ejemplo de esta incomodidad fue la rueda de prensa que ofreció ayer el Defensor del Pueblo , el exsocialista Francisco Fernández Marugán , tras la entrega a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, del informe anual 2018 de esta institución.
En su presentación a los medios de comunicación, Fernández Marugán no hizo alusión a las quejas que, por este motivo, se habían presentado desde septiembre de 2017 a final de 2018. Posteriormente, y al ser preguntado por ABC, especificó que fueron 28 en 2017 y 26 en 2018. Concretamente, según ha podido saber este periódico, han sido 40 desde septiembre de 2017 a final de 2018.
El Defensor del Pueblo no entró en el contenido de estas quejas, que tampoco figuran en el informe de manera pormenorizada, simplemente se hace alusión a las que presentaron «organizaciones o asociaciones cívicas». En este caso, se refería a los 500 casos que le hizo llegar la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en octubre de 2018. En ellos, se denunciaba el uso de los colegios para la realización de actos o instalación de símbolos de ideología política.
«Claramente insuficientes»
Igualmente, el informe, hace un relato de la actuación que tuvo el Ministerio de Educación , cuando estaba al frente el popular Íñigo Méndez de Vigo , en relación a los tres requerimientos que hizo a la Generalitat de Cataluña para que se investigaran los casos de adoctrinamiento. A juicio del Defensor del Pueblo, los informes aportados a este organismo fueron «claramente insuficientes». Por ello, se le volvió a pedir el 11 de mayo de ese mismo año un nuevo escrito para que aportase datos nuevos.
Este nuevo informe, siempre según el documento anual, se lo remitió el Ministerio de Educación, cuando ya había pasado a manos de la socialista Isabel Celaá. El texto describe «con mayor detalle las actuaciones practicadas». En cualquier caso, la Generalitat señala que «no procede restaurar derechos ni depurar responsabilidades », aludiendo a «la inconcreción o falta de rigor de las denuncias».
Finalmente, el informe hace referencia a la comparecencia de Fernández Marugán ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Defensor del Pueblo, en octubre de 2018, para responder a los 500 casos de adoctrinamiento denunciados por la AEB. Con anterioridad, en septiembre de ese mismo año, hizo pública una declaración institucional en la que pedía a los poderes públicos respetar el «principio de neutralidad ideológica». Ello, dijo entonces, es «incompatible con la presencia en los edificios públicos de símbolos propios de una ideología».
En la rueda de prensa de ayer, eludió pronunciarse abiertamente sobre estas quejas. El defensor recordó que preguntaron a la «administración catalana y española» para que « dieran su opinión» sobre los casos denunciados. Sin embargo, quiso precisar que es «un problema que no se resuelve en el Defensor del Pueblo». Además, subrayó que el número de quejas es «reducido. Da la sensación de que hay una avalancha, y no es tanto». En Cataluña, esta misma institución ha recibido 30.
Ninguna justificación
Si en público no quiso ahondar en esta polémica cuestión , en la nota de prensa que se distribuyó sí que se recogen declaraciones del defensor. Así, Francisco Fernández Marugán considera que el término «adoctrinamiento no debe acompañar y ni siquiera estar cerca de otras voces como educación, enseñanza y docencia». A su juicio, «ni la libertad ideológica, ni su concreción en las libertades de pensamiento y expresión, ni la libertad de cátedra, pueden justificar la presencia ni los actos de adoctrinamiento en el ámbito educativo».
Por último, afirma que «hay lugares más adecuados para este tipo de actos y quienes los promueven o los autorizan y quienes tienen responsabilidades políticas y educativas, ya sea la Administración, las formaciones políticas, las asociaciones de cualquier índole o la comunidad educativa, deberían responsablemente planteárselo».
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