CSIF denuncia que Baleares excluye a más de 800 administrativos en las pruebas del IB-Salud por no acreditar el catalán
El decreto lingüístico aprobado en marzo del pasado año por el Gobierno regional es más flexible para médicos y enfermeros que para el personal no sanitario
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer que « un total de 678 auxiliares administrativos y 142 administrativos han quedado excluidos de las convocatorias de empleo público de la Sanidad de Baleares por no haber acreditado, mediante un título oficial, el conocimiento de la lengua catalana».
Cabe recordar que en marzo del pasado año el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol aprobó el decreto que regula el conocimiento de catalán que deben tener en la actualidad los profesionales sanitarios y no sanitarios que desean trabajar en la sanidad pública balear. Una peculiaridad de dicho decreto es que las condiciones fijadas por el Govern para poder presentarse a las oposiciones previstas o ya en marcha son más flexibles para los médicos y los enfermeros que para los administrativos.
Así, en el decreto aprobado hace ahora once meses el catalán no es un requisito en sentido estricto para el personal sanitario y además se rebaja el nivel lingüístico exigible para cada categoría laboral. Por tanto, en estos momentos no es necesario que un médico o un enfermero tengan una titulación de catalán para poder presentarse a las oposiciones que se están llevando a cabo en el IB-Salud en estos últimos meses, si bien dicha titulación deberán lograrla en un plazo máximo de dos años una vez conseguida la plaza. Los médicos y los enfermeros deberán acreditar, por ejemplo, un nivel elemental —B1— de catalán. De no ser así, no podrán pedir traslados ni acceder al complemento de carrera profesional.
Un recurso en marcha
Por lo que respecta al personal no sanitario, los aspirantes que deseen inscribirse y participar en las oposiciones deberán acreditar previamente la titulación lingüística exigida para cada rango laboral. Así, por ejemplo, un aspirante a ocupar una plaza de auxiliar administrativo deberá contar con el ya citado nivel B1 para tener derecho a poder presentarse a las oposiciones, mientras que un candidato a administrativo deberá poseer el nivel B2 o intermedio.
El decreto aprobado por Armengol deriva de la Ley de Función Pública en su actual redacción, que establece que el catalán es un requisito para poder ser funcionario en Baleares. La citada ley fue aprobada en 2007 por el entonces presidente autonómico, el popular Jaume Matas, y fue mantenida sin cambios por su sucesor, el socialista Francesc Antich. Con posterioridad, en julio de 2012, el entonces presidente autonómico, el popular José Ramón Bauzá, introdujo varios cambios en la Ley de Función Pública, con el propósito de que el catalán pasase a ser considerado únicamente como un mérito para poder ser empleado de la Administración en la Comunidad. Finalmente, en marzo de 2016, el Parlamento balear avaló otra modificación puntual de la citada ley, en ese caso para que el catalán volviera a ser un requisito. Votaron entonces a favor de dicha modificación puntual el PSOE, MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca, Podemos y Proposta per les Illes. En cambio, votaron en contra el PP y Cs.
En ese contexto, CSIF recordó ayer que ha sido el «único sindicato» que, además de votar en contra del decreto del catalán en la sanidad, ha presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra la nueva norma lingüística autonómica , por entender que «vulnera el derecho constitucional que asiste a todos los ciudadanos españoles de poder acceder a la Función Pública», en este caso en el Sistema Nacional de Salud.
CSIF considera que el decreto hoy en vigor vulnera el ordenamiento jurídico «desde principios básicos de la Constitución, la Ley de Función Pública, el Estatuto Marco del Personal Estatutario y el Estatuto Básico del Empleado Público». En este sentido, CSIF Baleares insiste en que «la lengua debe ser un mérito que sume» y «en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la Sanidad Pública».
